La Justicia venezolana reinició por segunda vez el juicio contra uno de los presos políticos del régimen de Maduro

El proceso contra Javier Tarazona por acusaciones de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria tuvo una primera audiencia el pasado 16 de agosto, luego de 13 diferimientos pero fue pausado por el incumplimiento de los plazos legales

Pofesor-Javier-Tarazona,-coordinador-de-Fundaredes
Pofesor-Javier-Tarazona,-coordinador-de-Fundaredes

El juicio contra Javier Tarazona, activista de Derechos Humanos detenido en Venezuela en julio de 2021 tras ser acusado de terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro, se reinició este miércoles según informó su defensa.

“Es la segunda vez que se da inicio al juicio oral y público (...). Se interrumpió en octubre del presente año y por esa razón tuvimos que volver a comenzar de cero”, dijo a la agencia de noticias AFP, Rachel González, una de sus abogadas defensoras.

El proceso contra él y otros dos activistas por acusaciones de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria tuvo una primera audiencia el pasado 16 de agosto, luego de 13 diferimientos, pero fue interrumpido en octubre por el incumplimiento de los plazos legales para su continuidad, de acuerdo con FundaRedes, la ONG que dirigía este promotor de Derechos Humanos y que atiende a habitantes de las zonas fronterizas.

“Se denunció la detención arbitraria e ilegal de la que fueron sujeto todos los involucrados y se solicitó su libertad plena”, comentó González.

Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, integrantes de FundaRedes, también fueron detenidos el año pasado, pero se les excarceló, aunque deben presentarse cada 15 días en tribunales.

Quedaron pendientes, manifestó González, las declaraciones de los tres activistas en la audiencia de este miércoles, que se espera sea retomada el martes de la próxima semana.

La CIDH manifestó su disposición de realizar una visita al centro de detención del Helicoide en Caracas para “coadyuvar con el cumplimiento” de las medidas cautelares otorgadas al director de Fundaredes.
La CIDH manifestó su disposición de realizar una visita al centro de detención del Helicoide en Caracas para “coadyuvar con el cumplimiento” de las medidas cautelares otorgadas al director de Fundaredes.

“Ellos fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ellos así lo van a denunciar (ante la corte)”, expresó la abogada.

La ONG Foro Penal, que asiste legalmente a Tarazona, denunció que en Venezuela existen casi 280 presos políticos.

Por su parte, el coordinador de investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, señaló que en los procesos judiciales que se desarrollan en el país contra líderes sociales, activistas políticos o de derechos humanos, es común el retardo procesal y las “violaciones reiteradas al debido proceso”.

“Hay un problema de estructura en el sistema de Justicia penal en Venezuela que está afectando a todos los presos políticos, pero también a otros presos”, agregó.

El pasado 10 de noviembre, la CIDH manifestó su disposición de realizar una visita al centro de detención del Helicoide en Caracas para “coadyuvar con el cumplimiento” de las medidas cautelares otorgadas al director de Fundaredes.

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.

El coordinador de investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, señaló que en los procesos judiciales que se desarrollan en el país contra líderes sociales, activistas políticos o de derechos humanos, es común el retardo procesal y las “violaciones reiteradas al debido proceso”. (EFE)
El coordinador de investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, señaló que en los procesos judiciales que se desarrollan en el país contra líderes sociales, activistas políticos o de derechos humanos, es común el retardo procesal y las “violaciones reiteradas al debido proceso”. (EFE)

Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de FundaRedes fueron considerados por la ONU un ejemplo preocupante” de las “restricciones al espacio cívico” en Venezuela. Se produjeron luego de que estos acusaran a la dictadura madurista de tener vínculos con combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las disueltas FARC.

Venezuela es uno de los países garantes de las negociaciones de paz que el gobierno de Colombia retomó el pasado 21 de noviembre con el ELN.

(Con información de AFP y EFE)

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