La ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela existen 247 presos políticos en las cárceles del régimen de Nicolás Maduro.
Mediante su cuenta en Twitter, la organización indicó que, del total de casos contabilizados, 233 son hombres y 14 mujeres, de los cuales 115 son civiles y 132 militares pertenecientes o retirados de la Fuerza Armada.
La ONG detalló que, de los 247 presos, 158 esperan por una sentencia de tribunal y 89 ya fueron condenados.
Según el Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.775 detenciones políticas.
La organización denunció que, además de los “presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”
El pasado 30 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos informó que seis dirigentes sindicales detenidos a principios de julio en Venezuela serían enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración.
El comité, creado para defender a este grupo de activistas, rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad a Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, y de pasarlos a juicio, basándose en supuestos “mensajes contrarevolucionarios”.
A principios del mes de noviembre, varias ONG de Venezuela celebraron la decisión tomada por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, lo que las organizaciones consideran “una buena noticia para las víctimas”.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dijo a EFE que la solicitud hecha por el fiscal de La Haya, que califica como “positiva”, confirma que en Venezuela “no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos”.
“Es una buena noticia para las víctimas porque las acerca más al reconocimiento de la comisión de crímenes en su contra, y les permitirá, eventualmente, expresarse ante la justicia penal internacional, donde, hasta este momento, existen más posibilidades de encontrar justicia que en Venezuela”, aseguró.
Khan informó, mediante un comunicado, que tras una “evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles”, ha concluido que el “aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”.
El pasado 21 de julio, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció la detención, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del dirigente sindical y miembro de su organización Ángel Castillo, luego de participar en una manifestación.
Castillo fue liberado el mismo día, horas más tarde, luego de que lo fotografiaran, interrogaran y lo convocaran a una siguiente comparecencia con “fines relacionados con una averiguación” que no fue explicada, según apuntó la organización.
Varias ONG han denunciado en las últimas semanas una “nueva arremetida” contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas, a propósito de la detención, en los primeros días de julio, de los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez.
(Con información de EFE)
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