125 organizaciones pidieron que el Consejo de DDHH de la ONU renueve el mandato de la misión en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, pidieron este miércoles 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el país caribeño.

La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, desempeñó un papel clave para impulsar la rendición de cuentas por delitos graves en el país y garantizar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso, dijeron los grupos en una rueda de prensa en línea.

“Para nosotros ha sido el mecanismo más importante de la verdad”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de la oenegé venezolana de DDHH Provea, en la rueda de prensa. “Es muy importante que siga por lo menos por dos años más”.

La renovación del mandato permitiría a los expertos continuar recopilando evidencia de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, informar sobre la dinámica actual en el país y brindar recomendaciones para la acción necesaria, dijeron los grupos.

“La Misión independiente es la única que garantiza la rendición de cuentas” de los responsables de las violaciones dijo Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch. La Misión comprobó que en Venezuela hubo un ataque sistemático contra la población civil y las pruebas recolectadas pueden ser muy útiles para la investigación que está realizando la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en el país, destacó la activista.

“La Misión tiene un papel para jugar en probar que en Venezuela no hay posibilidad de justicia para las víctimas”, dijo Taraciuk.

Elvira y José Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, un joven estudiante asesinado en las manifestaciones del 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas del régimen de Maduro, también exigieron la renovación del mandato de la Misión de la ONU.

“Estos asesinatos no fueron hechos aislados, respondían a una política de Estado y al uso excesivo de la fuerza para acallar la disidencia”, denunciaron. “Los informes de la Misión son fundamentales para los procesos judiciales a nivel internacional como la Corte Penal Internacional. Estos informes se podrían usar como insumos para la verdad”.

“Las víctimas hacemos un llamado a las misiones diplomáticas para que siga la Misión de Determinación de Hechos”, dijeron. “Los padres de los jóvenes asesinados en protestas en Venezuela necesitamos justicia genuina”.

Los expertos de la Misión tienen previsto presentar su tercer informe en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2022. Se necesita una resolución para extender el mandato de la misión más allá de septiembre. En el pasado, un grupo de países latinoamericanos lideró esta iniciativa y presentó un texto estableciendo el mandato de la Misión para su adopción. Si se llama a votación, se necesita una mayoría simple de los miembros votantes para adoptar el texto. Actualmente, Argentina preside el Consejo.

“Esperamos que la mayoría de los 47 Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU apoyen la renovación del mandato de la Misión de los Hechos. El trabajo de justicia internacional en Venezuela debe continuar”, dijo al respecto Clara del Campo, de Amnistía Internacional.

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz de Venezuela (Cepaz), concluyó: “La justicia permite generar puentes entre el conflicto y la paz. No queremos que se quede bajo el olvido y la impunidad las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela”.

Qué es la Misión Internacional de Determinación de los Hechos

El Consejo de Derechos Humanos estableció la Misión en 2019 para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014″, incluida la violencia sexual y de género, con miras a “garantizar la plena rendición de cuentas para los perpetradores y justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año de la misión se prorrogó por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos crímenes”, y que “comandantes y superiores sabían o debían haber sabido de esos crímenes”. y… no tomó medidas para prevenirlos o reprimirlos”. Un año después, en su segundo informe, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país, e informó que el sistema de justicia de Venezuela actuó como un mecanismo de represión en lugar de un garante de derechos, animando a los agentes del Estado a continuar ejerciendo fuera los abusos.

Las elecciones presidenciales están programadas para 2024 y las elecciones legislativas y regionales se llevarán a cabo en 2025. La represión del gobierno ha alcanzado su punto máximo durante los últimos períodos electorales. La Misión puede desempeñar un papel crucial de alerta temprana que puede ayudar a disuadir tales abusos, dijeron los grupos. También enfatizaron que la Misión puede ayudar a fortalecer el diálogo político, contribuyendo a que las discusiones incluyan un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.

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