Con la excusa de fortalecer al bolívar, el chavismo dificulta aún más las transacciones en dólares

No es una sorpresa que la economía de Venezuela sea frágil. Desde 2017, el país se enfrenta a una hiperinflación tan fuerte que, para 2019, cada 12 días se registraba un aumento de casi el 100% en los precios. A raíz de ella, la moneda oficial lleva perdidos 14 ceros desde 2007, cuando estaba en el poder Hugo Chávez. Pese a que en 2021 el régimen de Nicolás Maduro anunció que la hiper había llegado a su fin, lejos está de haber solucionado el problema de fondo.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en marzo la inflación fue de 10,5% -8,8% por encima de la de febrero- y suma un acumulado interanual del 251 por ciento. Asimismo, el último reporte del centro Cendas-FVM mostró que la canasta básica alimentaria en febrero se ubicó en 455 dólares, es decir, 61% más que un año atrás.

Entre las causas de esta suba, el OVF menciona la implementación de un nuevo impuesto que habría creado un efecto de expectativas crecientes sobre el nivel de precios: se trata del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Maduro está en la búsqueda de reflotar la moneda nacional -el bolívar- y tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, que legalizó en 2018 el uso del dólar, el Ejecutivo venezolano puso en marcha un plan que, tal como lo había anticipado la vicepresidenta Delcy Rodríguez en diciembre, buscará que “2022 sea el año de recuperación definitiva del bolívar como moneda nacional”.

Para ello, el pasado 28 de marzo entró en vigencia la modificación de un impuesto que se había aplicado en 2015 y que en la teoría parece no afectar la vida de los ciudadanos pero, en la práctica, ya ha complicado las cosas. El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) busca disminuir los pagos en dólares, criptomonedas o cualquier divisa diferente a la de curso legal, por medio de un cobro extra al uso de estas, para así fomentar el “renacer” de la moneda nacional.

¿Qué establece exactamente y cómo afecta a los ciudadanos?

La medida, según explicita el documento oficial, recae sobre las personas jurídicas y entidades consideradas “contribuyentes especiales”, y oscila entre el 3% y el 20% -aunque en la mayoría de los casos estará más cerca de la primera cifra que de la segunda-.

Es decir que aquellas transacciones en moneda extranjera pasarán a pagar un porcentaje extra. En el caso de que se realicen por medio de una entidad bancaria, será de entre el 2% y el 8%; mientras que a aquellas de “sujetos pasivos especiales” las alcanzará un porcentaje de entre el 2 y el 20, en un intento de castigar la informalidad. No obstante, aún resta que el Ejecutivo establezca de manera más clara los parámetros de aplicación, por lo que se avanza con el cobro de 3% para todos los pagos realizados en monedas alternativas hasta nuevo aviso.

Cualquiera podría creer que los “contribuyentes especiales” son los poseedores de grandes fortunas, sin embargo, en la letra chica de la orden se menciona como parte de este grupo a negocios de ventas minoristas que incluye a supermercados, farmacias y panaderías, entre otros. En otras palabras, el impuesto se trasladará de manera directa a los precios y a los consumidores, en un país donde el salario mínimo es de menos de 29 dólares. Más aún si se tiene en cuenta que el 60% de las transacciones se realizan en la moneda americana -y el 65% de ellas en efectivo- según informó la consultora Ecoanalítica, debido a los problemas inflacionarios y a la falta de posibilidades de bancarización.

Entonces, ¿por qué buscaría el régimen desalentar esta suerte de solución que se había encontrado para hacer más viable el día a día en el país? La respuesta es simple. Con esta medida, Nicolás Maduro tendría en la mira dos objetivos: por un lado, aumentar la recaudación ya que se estima que este impuesto llegaría a representar el 13% de las ganancias del Estado; por el otro, fomentar el uso del bolívar. La desconfianza frente al bolívar es algo instalado en la sociedad venezolana, tanto que el 99,2% de los precios en el país están dolarizados, aunque se expresen en bolívares.

Ya en sus primeros días de implementación, muchos locales han suspendido el cobro en monedas extranjeras hasta tener un escenario más claro sobre cómo proceder, o adaptarse a la nueva medida con equipos que podrían significarles gastos de entre 600 y 1.000 dólares; en otros casos, se ha migrado -una vez más- a canales informales que escapen de los ojos del Estado. Según Tiziana Polesel, la presidente del Consejo Nacional de Comercio y Servicios (Consecomercio), el 75% de los locales reportó no estar “en capacidad de recibir pagos en divisas porque no han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto”.

La dolarización informal es un hecho que difícilmente se pueda parar: el bolívar y el Banco Central de Venezuela han perdido credibilidad y ya no parecen ser alternativas para la sociedad. En su lugar, es más probable que se dé un aumento de la informalidad y subas en los precios por la expectativa e inseguridad financiera.

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