El régimen de Nicolás Maduro rechazó este jueves el lapidario informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que confirmó que las fuerzas de la dictadura chavista cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Tras haberse hecho pública la opinión de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten”, dijo el Ministerio Público venezolano en un comunicado.
Entre los crímenes de la dictadura, el informe citó casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Según Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado 15 de junio, una investigación sobre estos delitos será admisible ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones.
Sin embargo, la entidad a cargo de Tarek William Saab negó la falta de acción del régimen y aseguró que “las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno”. Además, el régimen se dijo dispuesto a trabajar con el fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio, “para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de los Derechos Humanos en Venezuela”.
En su informe, la fiscal de la CPI concluyó que la información disponible proporciona una base razonable para creer que “desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.
Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscalía, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La dictadura chavista ya se había quejado anteriormente de un presunto trato “discriminatorio” y “desigual” cuando Bensouda dijo que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño. Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto.
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