Michelle Bachelet actualiza el informe sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela: “Sigo instando a que se liberen a todos los detenidos arbitrariamente”

Michelle Bachelet presenta este lunes un informe oral sobre los abusos en Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, días después de publicar un reporte sobre el deterioro de la situación en el país.

En su presentación, indico que reitera su compromiso para seguir brindando el apoyo en el país para la plena realización de los Derechos Humanos. “Continúan las protestas sociales, ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos”, destacó. Aunque saludó que la tendencia de las víctimas fatales en el contexto de las protestas haya bajado, resaltó: “Una sola muerte ya es demasiado”.

“Es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en las protestas sociales de los últimos años”, añadió.

Además, anunció que en septiembre presentará un reporte complementario sobre la crisis en el país y dijo que confío en que pronto se avanzará hacia el establecimiento de una oficina con sede en el país.

Bachelet también reclamó por la detención de presos políticos. “Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbritrariamente”, expresó. En ese sentido, se refirió a la reciente detención de tres activistas de la ONG Fundaredes, que venía denunciando la connivencia entre el régimen y las disidencias de las FARC en la frontera colombovenezolana. “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”, dijo.

Entre las medidas anunciadas en los últimos meses por el régimen, saludó la reforma policial como una “ocasión hacia un cambio sostenible” y una “oportunidad para mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”, así como la promesa de cerrar los centros de detención administrados por las fuerzas de seguridad acusadas de abusos.

En su réplica, el embajador de Venezuela ante la ONU, Hector Constant, rechazó el informe por considerarlo una injerencia internacional y de naturaleza hostil. Según añadió, contiene datos errados y fallas metodológicas. Además, indicó que solicitó información a la Oficina de Derechos Humanos para contrastar las informaciones publicadas.

De todas formas, el embajador chavista aseguró que reitera la voluntad de seguir cooperando en base al diálogo.

Posteriormente, los representantes diplomáticos de varios países se expresaron en apoyo o rechazo al informe.

“Instamos al gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada, que incluyen realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre las denucnias de violaciones a los Derechos humanos, incluyendo aquellas sobre ejecuciones extrajudiciales (...), llevar a los perpetradores ante la Justicia y garantizar una reparación adecuada a las victimas, así como poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de derechos humanos“, indicó el embajador argentino Federico Villegas. “La plena vigencia de los Derechos Humanos es una condición esencial para que los venezolanos puedan expresarse políticamente a través de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes que incluyan a las voces disidentes”, añadió.

La ACNUDH documentó nuevos casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, indicó el organismo el jueves.

“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe.

La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.

En el informe también se denuncia la precaria situación en los centros de reclusión en donde los detenidos son mal alimentados y tiene restricciones para recibir visitas por parte de familiares. Además, la ACNUDH se muestra preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.