Julio Borges, Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó, se refirió al informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del examen preliminar comenzado en febrero de 2018 sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro.
“La fiscalía de la CPI recalca lo que hemos venido denunciando desde hace años: la falta de independencia del sistema de justicia venezolano para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su cadena de mando”, expresó a través de su cuenta en Twitter.
Y agregó: “La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la CPI en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas para lograr justicia, verdad y reparación. Los delitos de Maduro no cesan, por eso urge que se avance a la fase de investigación”.
La fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados.
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan.
La Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
El informe, fechado 15 de junio y publicado este martes, señala que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.
Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista, el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.
Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.
“Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.
Fatou Bensouda dijo el 8 de junio a la agencia de noticias Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño, que se quejó de trato “discriminatorio” y “desigual”.
Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. El caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Los antecedentes de la empresa que proveyó el software al régimen de Nicolás Maduro para su fraude electoral
Se trata de EX-CLE Soluciones Biométricas, con sedes en Caracas, Asunción y Buenos Aires, sancionada por Estados Unidos en 2020
Jóvenes venezolanos opositores llamaron a una manifestación para el domingo en defensa de la democracia
La convocatoria, a propósito de la celebración del Día Nacional de la Juventud, es a marchar hasta una sede del Poder Electoral, ante la que exigirán que se amplíe el padrón
El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que la inflación en enero fue del 39,4 %
De acuerdo a esta entidad independiente, son 2,2 puntos porcentuales más que en diciembre. La tasa anualizada fue del 440 %
La ONG Foro Penal denunció que Venezuela tiene 270 presos políticos
En el informe se indica que 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares
Espacio Público denunció que aumentaron un 166 % las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela
La ONG indicó que la más común en enero fue el hostigamiento con 15 registros, 11 de orden judicial y cuatro verbales
