La dictadura de Nicolás Maduro viola el compromiso firmado con la oficina de Michelle Bachelet e impide que visiten al preso político Luis de la Sotta

El pasado 18 de mayo el capitán de navío venezolano Luis de la Sotta cumplió tres años de detención arbitraria en los que sufrió torturas, aislamiento y violación de su derecho a la defensa por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Su hermana Molly, quien desde entonces viene exigiendo “justicia y libertad” para él y el resto de los militares detenidos, denunció que el régimen chavista volvió a violar el compromiso firmado con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela.

En diálogo con Infobae, también dio detalles de las torturas sufridas por su hermano y comentó que lleva tres semanas incomunicado.

“Los delegados de Bachelet firmaron una carta de entendimiento con el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, en septiembre de 2019. En esta carta se decía que ellos tenían que incluir el acceso ilimitado a todos los centros de detención, además del fortalecimiento del sistema judicial”, recordó De La Sotta.

Pese a ese compromiso firmado, la dictadura venezolana negó el ingreso de la misión enviada por Michelle Bachelet a la cárcel del Fuerte Tiuna para ver las condiciones de reclusión del capitán de navío, quien se encuentra en ese centro de detención desde el pasado 15 de marzo.

Desde entonces, “ha tenido un aislamiento prolongado”, lo mantienen con “reducción de alimentos, y sin asistencia médica”. Además, en este momento lleva tres semanas sin poder acceder a llamadas telefónicas.

Ante esta situación, Molly, quien vive en Estados Unidos, solicitó a la misión de la ONU que acompañara a su madre al Fuerte Tiuna para exigir ver a su hijo, “y constatar lo que está ocurriendo”: “¿Por qué tiene que seguir en esas condiciones?; ¿por qué no lo trasladaron a Ramo Verde? Incluso hace un mes un juez firmó un traslado y no fue respetado”.

Recordó que en septiembre del año pasado, cuando la Oficina de Bachelet en Venezuela debía renovar su mandato en el país, los delegados de la ex presidenta chilena lograron ingresar a la instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde entrevistaron a 23 presos políticos, entre ellos Luis de la Sotta. En ese encuentro, él les contó en detalle las torturas que había sufrido, que había tenido coronavirus, “y que los trataban como perros”.

Ese mismo día, después de su entrevista con la misión de la ONU, las autoridades chavistas “lo dejaron tres, cuatro días con la luz prendida para que perdiera la noción del tiempo”. “El mismo día lo torturaron”, fustigó su hermana, quien además comentó que el militar venezolano también fue recluido en una oportunidad en el cuarto de tortura conocido como “el ataúd”, donde el preso “permanece parado, sin acceso a alimentos, uno o dos días”.

“Lo metieron en el ataúd 12 horas esposado con las manos atadas para atrás, sin alimentos, ni aseo personal”, dijo Molly. Y agregó: “Hay casos de militares que llevan hasta cinco años sin juicios. Esos juicios no son públicos, no dejan ingresar a familiares, a la misión de Bachelet tampoco le han permitido ingresar a los juicios”.

Pese a destacar la importancia de la oficina de la ONU en Venezuela, la directora de la ONG “Familiares de presos políticos militares en Venezuela” cuestionó que muchas cosas que están ocurriendo en el país “no han sido informadas en el informe de Bachelet”.

En esa línea, criticó el mensaje publicado el pasado 21 de mayo por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que celebraba las “recientes reformas de la policía y de la detención” en Venezuela. Según el organismo, “estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones” del informe de Bachelet. Esta postura fue muy criticada desde la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional, al argumentar que los cambios manifestados por la Fiscalía chavista simplemente buscaban “lavar la cara” a una dictadura que está acusada de cometer crímenes de lesa humanidad.

“En las 16 recomendaciones del año pasado, Bachelet solicitó que todas las personas detenidas en los centros de inteligencia sean trasladadas. Ahora dice que el Gobierno va con buenos pasos. ¿Pero en qué condiciones están? (...) Estamos esperando la próxima actualización, donde tiene que hacer un balance de las recomendaciones, de las cuales el 50% están dirigidas a presos políticos. ¿En este balance se va a decir que en Venezuela no se está cumpliendo con esas recomendaciones?”, apuntó Molly de la Sotta.

Para dimensionar el perverso manejo de los derechos humanos en Venezuela, la hermana del militar venezolano hizo referencia a “La Casa de los Sueños”, una de las nuevas celdas del DGCIM, donde estuvo recluido el capitán de navío, y cuya puerta “la llamaron la puerta Bachelet”. Las macabras celdas fueron construidas en el sótano de la sede principal del DGCIM, en Boleíta, Caracas.

“A mi hermano lo llevaron a ese nuevo centro de tortura. Le dieron vueltas por la ciudad, encapuchado, para que pensara que lo llevaban lejos. Estuvimos casi tres meses sin saber de ellos. Mi mamá estuvo sin verlo casi siete meses. Los abogados no tienen acceso al expediente. ¿En qué ha mejorado la situación? No les dieron atención médica durante la pandemia; todo esto lo sabe la oficina de Bachelet porque nosotros le entregamos todos”, añadió la activista venezolana.

Sobre la situación actual de su hermano, contó que el último en verlo fue su abogado, con quien puede tener acceso una vez al mes. En ese encuentro el militar venezolano le dijo que le están negando las llamadas telefónicas a sus familiares, pese a que la Oficina de Bachelet había acordado con las autoridades chavistas que los detenidos llamaran al menos dos veces por semana. “Cuando lo hacen, están con un custodio al lado y hablan con altavoz. Ahora ya no llaman, la excusa es que el teléfono se dañó”, explicó.

Molly sostuvo que la dictadura de Maduro no detiene su maquinaria represiva pese a la presencia de los delegados de la ONU en Venezuela. En ese sentido, recordó el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado y murió en su silla de ruedas frente a un juez: “Cuando muere Acosta Arévalo detienen a dos militares y el fiscal general los imputó por homicidio. Dijeron que ellos asumieron los hechos, pero que el capitán se les había escapado y por eso murió. El fiscal luego anuló la sentencia y cambió la imputación e incluyó el delito de tortura. A esa gente se le anuló el juicio pasado, ahora los van a enjuiciar. ¿Dónde está la convención contra la tortura?”.

Frente a este deterioro de los derechos humanos en Venezuela, Molly pidió mayor cooperación por parte de la comunidad internacional: “Los necesitamos. Venezuela es un país herido, torturado”.

De la Sotta, militar de la Armada, fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en 2017. En julio de 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la “desaparición forzosa” de cuatro personas consideradas “presos políticos”, uno de los cuales era el militar, que también tiene nacionalidad peruana.

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