Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se refirió a los combates en la frontera que se están dando entre militares venezolanos y guerrilleros de las FARC.
“Encontramos que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Apure siguen el patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela: ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas”, expresó a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “Más evidencia para la Corte Penal Internacional”.
En su tuit, Taraciuk hizo referencia a un artículo del New York Times que enfatiza en que el régimen de Maduro lanzó “su mayor campaña militar en décadas”, al tiempo de que miles de personas huyen del país por el conflicto.
“El gobierno venezolano suele tolerar a los grupos armados que trafican con drogas y contrabando cerca de su frontera con Colombia. Ahora ha arremetido contra uno de ellos”, expresó Julie Turkewitz en un artículo en el que hace un recorrido por los hechos acontecidos en las últimas dos semanas.
Esta semana, la organización no gubernamental Fundaredes alertó que más de 6.000 venezolanos se han desplazado a la vecina Colombia huyendo de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado de Apure, entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo armado irregular, que los activistas identifican como disidentes de las FARC.
“Nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo, han acudido a casas de amigos y familiares”, dijo en una conversación telefónica con la agencia de noticias EFE el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
El número ofrecido por el activista actualiza la cifra de desplazados que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) había ubicado en más de 4.700 hace unos días atrás.
De acuerdo con Tarazona, los combates entre los militares venezolanos y los irregulares se suceden en varias localidades apureñas, donde la Fuerza Armada venezolana “bombardea” las posiciones de los irregulares. “Son constantes los sobrevuelos, los bombardeos y las detonaciones en estas zonas”, aseveró.
Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada de Venezuela y grupos irregulares en el estado de Apure han dejado como saldo al menos cuatro militares muertos, seis “terroristas neutralizados” y otros 27 sospechosos capturados, que fueron puestos a las órdenes de un tribunal militar.
No obstante, Fundaredes ha denunciado que el pasado 25 de marzo “fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES”, grupo élite de la Policía venezolana cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil.
En ese sentido, la ex diputada opositora Delsa Solórzano dijo que remitió un informe a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
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