La ONG Fundaredes solicitó la presencia de la Cruz Roja en la frontera con Colombia tras los brutales abusos de la dictadura venezolana

La ONG Fundaredes pidió este domingo la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el estado venezolano de Apure, que hace frontera con Colombia, y en el que desde la semana pasada las Fuerzas Armadas del país caribeño libran combates con grupos armados irregulares.

“Persisten los enfrentamientos en Apure (...), nos preocupa la vida de civiles desplazados en medio del conflicto armado (...), pedimos (la) presencia del CICR”, indicó en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Según el activista, los militares venezolanos combaten a disidentes de las FARC en las localidades apureñas de El Ripial y Santa Rosa de los Arenales, sin que hasta el momento se haya informado de bajas civiles.

Ayer, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que el operativo militar continuaría en la región fronteriza hasta que fuera expulsado cualquier grupo extranjero “al margen de la ley”.

Padrino también dijo que después de los primeros combates al menos 6 terroristas fueron “neutralizados” y otros 27 sospechosos fueron capturados y puestos a las órdenes de un tribunal militar, sin precisar las identidades o nacionalidades de estos.

Los enfrentamientos, en los que han muerto dos militares venezolanos, han dejado casi cuatro mil desplazados, que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia.

El ministro de Defensa venezolano manifestó el sábado a periodistas que la mayoría de estos desplazados han comenzado a retornar a su país porque en la zona en la que se efectuaron los primeros combates “todo está asegurado”.

Pero la oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar los excesos de los militares contra la población civil, todo después de la muerte de cinco personas que, aseguran activistas de derechos humanos, eran campesinos y fueron presentados como guerrilleros.

En ese sentido, la ex diputada opositora Delsa Solórzano dijo el sábado que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.

“Tu testimonio ya reposa en la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet”, dijo Solórzano durante su conversación con Emir Remolina, quien aseguró ser miembro de una familia que murió durante el operativo que la Fuerza Armada venezolana mantiene contra grupos irregulares, que varias ONG han identificado como disidentes de las FARC.

La dirigente opositora apuntó que el informe fue entregado “a las personas que representan” a Bachelet en Venezuela y que también será remitido a otros organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

“Hemos hecho una larga investigación, hemos recabado testimonios desde el día de ayer (y) hemos hablado con muchísima gente, tenemos decenas de testimonios”, agregó.

“No tiene lógica, no entiendo por qué se metieron con ellos (...) que son gente inocente, gente que no tiene nada que ver (con grupos armados)”, indicó Remolina durante su conversación con Solórzano.

El hombre, que dijo ser uno de los casi 4.000 desplazados que se trasladaron a Colombia huyendo de la violencia generada por los combates entre los militares venezolanos y los grupos irregulares, aseveró que su madre, padre, tío y hermano menor fueron asesinados y hechos pasar por guerrilleros colombianos. ”Como 4 testigos vieron que se los llevaron (vivos) de la casa”, en la zona de La Victoria, “y aparecieron (muertos) en El Ripial, que está como a 20 minutos”.

Con información de EFE

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