El Observatorio de DDHH se refirió a la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea: “Responde a intereses personales de los sancionados”

Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, se fue de Venezuela con un “mi corazón se queda aquí”, después de que Nicolás Maduro decidiera expulsarla del país. La reacción no se hizo esperar, entre ella, la del Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH), que calificó lo ejecutado por el régimen como “oprobioso y condenable”.

El ONDDHH, que es plataforma nacional para la defensa de los DDHH civiles y políticos en Venezuela, consideró que “se trata de retaliación contra todos quienes dentro y fuera del país insistan en denunciar, sancionar, visibilizar las violaciones a los derechos humanos y procurar soluciones pacíficas y democráticas a la grave situación que atravesamos”.

“Estas acciones, lejos de mejorar la situación venezolana, nos alejan de la superación de la crisis y se circunscriben únicamente a defender los intereses personales de quienes han sido señalados, relegando el interés superior de justicia y bienestar social de todos los venezolanos”, destaca el Observatorio, en relación con que la expulsión de la embajadora de la UE se debe a la sanción contra 19 funcionarios del Gobierno venezolano.

Reflexiona en que esas sanciones responden a que la UE considera que esos funcionarios “han socavado los derechos electorales y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, además de graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”.

Exhortaron a “todos los organismos nacionales e internacionales a rechazar contundentemente esta desatinada solicitud y por el contrario continuar con las acciones que procuren el restablecimiento del Estado de Derecho y los principios democráticos en nuestro país”.

Violación a DDHH

Casualmente el Observatorio ha venido denunciando, desde su reciente creación, el espiral que, desde la cuestionada administración de justicia de Venezuela, ordinaria y militar, se impone en el país, como ocurrió el 25 de febrero con la detención que hicieron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Gilberto Sojo, quien fue electo en el 2015 como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua.

“Desde el Observatorio Nacional de DDHH exigimos que se respeten los derechos de Gilberto Sojo y sea puesto en libertad de manera inmediata. ¡Basta ya de violar sistemáticamente los derechos de los venezolanos!”, publicó la ONG.

Uno de los temas más álgidos en el país, al cual se han venido sumando varias organizaciones, como el ONDDHH con destacados defensores de Derechos Humanos, como la doctora Theresly Malavé, es el de los presos políticos. El régimen venezolano ha usado el encarcelamiento de adversarios políticos, periodistas, militares e incluso dirigentes vecinales que le hagan señalamientos críticos.

Funciona como un espiral; detienen, a la vez que liberan, pero muy pocos totalmente la mayoría es con casa por cárcel o régimen de presentación. Así mantienen llenas las cárceles y sitios de reclusión, amplían el número de celdas como ha ocurrido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que construyeron más sótanos y les dan nombres emblemáticos como la Casa de los Sueños.

Al hacer un registro de los organismos de seguridad responsables de la detención de los militares presos políticos en Venezuela destaca la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con 98 detenciones, seguido del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) con 12, algunos funcionarios no pudieron ser identificados a qué organismo pertenecían, pero un poco más abajo está FAES, la Policía de Aragua, Guardia Nacional, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

La DGCIM

“Desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos registramos el número de presos políticos militares detenidos por organismos del Estado. Siendo la DGCIM los responsables de 98 detenciones arbitrarias y situaciones irregulares en el procedimiento”, dice la ONG.

“Contabilizamos un total de 154 presos políticos militares en Venezuela, distribuidos en cinco estados del país en nueve centros de reclusión”, destaca la organización que a su vez cita el artículo 61 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “la cual establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”.

El ONDDHH insiste en la importancia de documentar los casos que revisten violación de los derechos humanos y de ahí la importancia de la denuncia. “La documentación permite registrar sistemáticamente las violaciones de DDHH. Es el proceso de recolectar datos e información necesaria para lograr la reparación, identificación de los patrones y contextualizar la situación en que ocurrieron los hechos”.

Responde a la pregunta de ¿por qué documentar violaciones a los derechos humanos? “Contribuye a la lucha contra la impunidad, posibilita la creación de mecanismos de alerta temprana, permite establecer un registro histórico o memoria de las violaciones de derechos humanos, permite registrar las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y facilita la elaboración de un expediente que puede ser usado ante autoridades nacionales o internacionales”.

El observatorio ha encontrado que el Distrito Capital es el que tienen mayor cantidad de presos políticos civiles, seguido de Zulia, Carabobo, Monagas y Aragua.

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