La ONU informó este viernes que solicitó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela la liberación inmediata de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, detenidos el pasado 12 de enero y acusados de asociación para delinquir.
Según el portavoz Stéphane Dujarric, Naciones Unidas está “profundamente preocupada” por la situación de los miembros de esta entidad dedicada a la prevención del VIH y que colabora con ONUSIDA y otras agencias de la organización.
“Estamos consultando con las autoridades y hemos solicitado su liberación inmediata”, señaló Dujarric durante su conferencia de prensa diaria.
Por su parte, las autoridades del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) también manifestaron su preocupación por la detención de los ciudadanos venezolanos y trabajadores humanitarios Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz.
“Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, dijo Winnie Byanyima, la directora ejecutiva de ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas para combatir el VIH. Y añadió que “una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”.
ONUSIDA publicó un comunicado donde explicó que Azul Positivo se estableció en 2004 para trabajar en la prevención del VIH en el estado de Zulia, en Venezuela, y que sus directores han apoyado su trabajo durante muchos años y han sido testigos del impacto positivo de sus contribuciones en la comunidad.
Tanto ONUSIDA como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya habían mostrado previamente su preocupación por la detención de los miembros de Azul Positivo.
Los cinco activistas fueron detenidos el 12 de enero y un tribunal ordenó mantenerlos en prisión preventiva, luego de ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir.
La Comisión para los Derechos Humanos del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), del que Maracaibo es capital, detalló que los delitos de los que son acusados los cinco detenidos son “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.
Mientras, su defensa legal ha interpuesto un recurso para exigir su libertad y ha denunciado que fueron detenidos arbitrariamente.
Este viernes, la ONU urgió a las autoridades venezolanas a facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y a asegurar la protección de sus trabajadores.
La organización se había manifestado al respecto dos semanas atrás, cuando ambién condenó los ataques del régimen contra la libertad de prensa y otras entidades de la sociedad civil atacadas.
En un comunicado, la portavoz de la oficina para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó que la organización está “profundamente preocupada” por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores.
Con información de EFE
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