
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó el viernes como “inequívocamente” la sentencia de un tribunal de la dictadura venezolana contra seis ex ejecutivos del refinador estadounidense Citgo por cargos de corrupción y pidió que se les permita regresar a sus casas.
“Habiendo pasado ya más de tres años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas seis personas deberían ser devueltas de inmediato a Estados Unidos”, dijo Pompeo sobre los seis funcionarios, que el jueves fueron condenados a prisión.
Los seis altos funcionarios de Citgo, todos venezolanos pero algunos con doble nacionalidad estadounidense, fueron arrestados en noviembre de 2017 luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas de la estatal petrolera venezolana PDVSA, propietaria de Citgo, y acusados de los delitos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración.
El ex presidente de Citgo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y siete meses de cárcel y multado con dos millones de dólares. Los otros cinco ex vicepresidentes: José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas fueron condenados a ocho años y 10 meses de prisión.
Los delitos por los que fue condenado Ruimwyk son “peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista”, así como el “delito de asociación para delinquir”, informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la dictadura venezolana.
Ruimwyk deberá pagar además una multa de dos millones de dólares, que es el equivalente “al 40 % del valor de los bienes objeto del delito”.

Asimismo, los ex directivos Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, fueron condenados por “concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir”.
El tribunal en manos del régimen chavista también dictaminó que todos los condenados están inhabilitados “para el ejercicio de la función pública” y por lo tanto “no podrán optar a cargos de elección popular”.
El 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la dictadura de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro” de la filial de PDVSA “sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”.
“La alta gerencia de Citgo (...) el pasado 15 de julio del año 2017 firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015”, dijo Saab en aquel momento.
Esto, explicó el fiscal chavista, para solicitar préstamos “bajo condiciones leoninas, desfavorables” para la industria petrolera venezolana y “ofreciendo como garantía” la propia filial.
Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricante y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos.
(Con información de Reuters y EFE)
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