La mayoría opositora del Parlamento de Venezuela desconoció este martes la aprobación de una ley que otorga al dictador Nicolás Maduro poderes extraordinarios en materia económica para “contrarrestar” las sanciones estadounidenses, a través de la Asamblea Constituyente ilegítima y rechazó las negociaciones amparadas por dicha normativa “paralegal”.
En una sesión transmitida por redes sociales, los diputados aprobaron un acuerdo para “desconocer, en todas sus partes, la supuesta ‘Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos’ y, por lo tanto, reputarla como inexistente e ineficaz”.
El Legislativo, único poder en manos opositoras, advirtió que quien realice “acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos” como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito”, entre otros, continuó el documento.
El pasado 8 de octubre, la ilegítima Asamblea Constituyente integrada únicamente por chavistas, que rige en el país con poderes apoyados por la fuerza militar, aprobó una norma que incluso da a Maduro la potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras, encabezadas por Washington, que enfrenta Venezuela.
La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno venezolano “podrán ser objeto de alianzas” con privados.
La “Ley Antibloqueo”, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría de la dictadura podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.
La unicameral Asamblea Nacional acordó investigar a funcionarios del régimen de Maduro “a los fines de establecer las eventuales responsabilidades civil, penal y administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales promulgación y aplicación” de la norma, señaló el documento.
La Constituyente, conformada en 2017 en su totalidad por chavistas, ha tomado de facto las atribuciones del Parlamento, de mayoría opositora, promulgando decretos-ley de aplicación inmediata. Es tachada de “ilegal” por la oposición.
Washington, que considera “fraudulenta” la reelección de Maduro en mayo de 2018, lidera la presión internacional por un cambio de gobierno con sanciones económicas que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, reconoce como presidente encargado de Venezuela al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.
(Con información de AFP)
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