El Gobierno de Cabo Verde echó al presidente de una compañía estatal que se reunió en secreto con Nicolás Maduro sobre el caso Alex Saab

Fernando Gil Alves Évora, titular de la farmacéutica Emprofac, visitó al dictador venezolano en Caracas. El Ejecutivo africano había negado haber enviado a dos emisarios al país sudamericano

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Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde (Reuters)
Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde (Reuters)

El Ejecutivo de Cabo Verde echó a Fernando Gil Alves Évora, presidente de la estatal farmacéutica Emprofac, luego de que se diera a conocer que participó en una reunión secreta con Nicolás Maduro en Caracas sobre el caso Alex Saab.

De acuerdo a lo que recogió El Nuevo Herald, periódico que había informado que Cabo Verde envió a dos personas a la capital venezolana, Alves Évora fue destituido “por la infracción de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones”.

La decisión fue comunicada por el gobierno caboverdiano luego de que la propia administración negara haber enviado emisarios para negociar la liberación del testaferro de Maduro.

En un breve comunicado, Cabo Verde informó que Alves Évora fue despedido con “efecto inmediato” de su cargo en Emprofac, la empresa estatal de distribución de medicamentos en ese país.

El pasaporte de Saab
El pasaporte de Saab

Este jueves, el Gobierno de Cabo Verde negó haber mandado a dos emisarios a Caracas con el fin de entablar contactos con Nicolás Maduro tras la detención en el país africano del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser su testaferro y reclamado por Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero.

El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano.

La nota se publicó después de que el diario estadounidense El Nuevo Herald asegurara que “un ex alto funcionario del Gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial de Miraflores”.

Según el medio, que citó a “fuentes familiarizadas con la situación”, esa visita, que acabó el martes, ocurrió “en medio de los esfuerzos del gobernante Nicolás Maduro por conseguir que el país africano libere a su principal socio, el empresario colombiano Alex Saab”.

“Los hombres -precisó el rotativo- llegaron en un avión privado a través de la terminal presidencial, conocida en Venezuela como la ‘Rampa Cuatro’, con documentación que los identificaba como Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora”.

Una caja CLAP (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)
Una caja CLAP (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

Blanqueo de 350 millones de dólares

Tras la detención de Saab, Caracas señaló que él es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.

El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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