La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, amenazó con encarcelar al presidente interino y líder de la oposición, Juan Guaidó, en el Centro Penitenciario de Occidente.
En diálogo con el “protector” del Táchira -un interventor nombrado a dedo por le régimen-, Freddy Bernal, la funcionaria chavista levantó su mano, señaló uno de los edificios del penal, y dijo: “Freddy mire: allá vamos a meter a Guaidó”. Ante esto, el político le respondió: “Perfecto. Muy bien, muy bien”. “¿Y a quién más podemos meter?”, preguntó luego Varela. “A Gaby Arellano por ahí”, le contestó Bernal, en referencia a la diputada opositora. “Julio Borges allá”, le agregó Varela, sobre el canciller de Guaidó. Ambos, entre risas, estaban conversando en el penal cuando fueron filmados.
La amenaza de Varela llegó luego de que el régimen de Nicolás Maduro emitiera órdenes de captura y embargo de bienes contra once funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó, a quienes acusa de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el chavismo.
La corte británica, que debía decidir sobre la potestad de las dos partes sobre las reservas, falló el jueves a favor del presidente de la Asamblea Nacional, que es reconocido como mandatario del país por más de 50 naciones de todo el mundo, entre ellas el Reino Unido.
Según Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, los acusados buscaron “privar al país de recursos destinados a combatir la pandemia”, a los que dicen estaría destinado el metal precioso que está almacenado en Londres. “El gobierno británico forma parte de una planificación que ha ejecutado el gobierno de EEUU desde enero de 2019″, dijo Saab, quien señaló también que Donald Trump influyó en la decisión judicial del tribunal inglés.
Los funcionarios a quienes Saab les imputa los cargos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir son: Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suárez, miembros de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrados por Guaidó.
También sumó a los integrantes de la procuración, José Ignacio Hernández, Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni. Además, agregó a la lista a la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann; al canciller, Julio Borges; y a Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EEUU. Los últimos dos ya tenían órdenes de captura en su contra.
Desde el jueves, el gobierno interino de Guaidó tiene la potestad de gestionar las 31 toneladas de oro -que tienen un valor colectivo de USD 1.450 millones- en el Banco de Inglaterra. Aclaró no obstante que el dinero no podrá ser usado en el corto plazo, sino que permanecerá protegido en el Reino Unido.
Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare concluyó que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano, y es, por tanto, la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
De esta manera, rechazó el argumento de la dictadura, cuyo abogado, Nick Vineall, expresó que aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como “presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones”, en la práctica, “mantiene lazos diplomáticos” con el régimen, aunque no lo apruebe.
El dictamen también sirvió para resolver un pleito planteado por el Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de las dos partes podían reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de swap, o permuta de oro.
No obstante, la junta directiva del Banco Central de Venezuela, presidida por el chavista Calixto Ortega, anticipó la voluntad del régimen de apelar la decisión. “El Banco Central de Venezuela pedirá permiso al tribunal para apelar esta sentencia, por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno”, anunció el abogado Sarosh Zaiwalla en un comunicado.
En contraste, la administración de Guaidó celebró la decisión, asegurando que de esa manera las reservas se protegen de un “saqueo” por parte del régimen.
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