La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy un nuevo proyecto de ley en Venezuela que otorgaría más poder al régimen de Nicolás Maduro aludiendo a la seguridad nacional e impondría mayores restricciones a internet.
"Venimos periódicamente denunciando al régimen venezolano como uno de los principales censores de internet", expresó en un comunicado María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.
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La SIP, con sede en Miami, señaló que el gobierno chavista apela a la "doctrina de soberanía nacional (…) para coartar las libertades de expresión y de prensa" con nuevas iniciativas legislativas.
La nueva propuesta, el Anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana, podría ser aprobada este mes por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
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Cualquier política pública que se adopte para el entorno digital debe garantizar que internet sea "abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos", reiteró por su parte Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
El nuevo proyecto otorga más poder al régimen para controlar y vigilar el uso de internet con el objetivo de "generar las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación", señaló la SIP.
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Reiteró que el gobierno de Maduro está "afinando el bloqueo y filtrado de internet coartando el derecho de acceso del público a los portales de noticias".
La organización recordó que ya se había expresado en contra de otros mecanismos como los que provee la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, así como los que establecen decretos que "violan el derecho a navegar libremente en internet".
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La nueva ley impondría a los propietarios y operadores de infraestructura privada o pública la obligación de permitir el "acceso a sus infraestructuras y suministro obligatorio de información por razones de defensa y seguridad" sin necesidad de acciones judiciales de por medio.
Asimismo, obliga a los proveedores de servicios a denunciar situaciones irregulares y les obliga a neutralizar y eliminar datos e información bajo órdenes de los nuevos organismos a crearse.
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La propuesta de ley ha sido rechazada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que lo consideran "una grave amenaza a los derechos humanos", según la SIP.
(Con información de EFE)
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