La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ascendió a cerca de 17.000 militares por su "lealtad" al jefe del Estado, Nicolás Maduro, luego de un proceso "riguroso" que contempló los méritos "intelectuales y físicos" de los efectivos así como su "compromiso con los derechos humanos".
"Han sido leales al presidente constitucional electo por el pueblo como se define en democracia", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a los militares ascendidos este lunes, en uno de los actos que tuvo lugar en Caracas.
Explicó que son más de 16.900 los efectivos reconocidos en esta oportunidad, en la que, remarcó, se tomó en cuenta "una visión distinta" para conceder los ascensos.
"Hemos sido rigurosos pero también hemos sido justos (…) estamos evaluando méritos como la lealtad a la patria", señaló; y consideró que los seleccionados han cumplido con este requisito y han sido igualmente leales "al pueblo de Venezuela" y a la FANB.
Padrino dijo también que los ascendidos han demostrado "respeto a los derechos humanos" y jugaron un papel crucial "en la estabilidad institucional del país, en la preservación de la democracia venezolana, y de la paz".
"Nosotros, compañeros que estamos obligados a asumir con ética, profesionalismo y con principios el empleo y el uso de las armas, estamos obligados, mil veces obligados, a mantener la paz con nuestras armas (…) las armas no son para volcarlas contra el pueblo", expresó.
El ministro dijo que antes de la revolución bolivariana se imponía dentro de los cuarteles venezolanos una "meritocracia capitalista" que era discriminatoria, segregacionista y clasista, mientras que ahora se premia "de manera inclusiva".
El presidente venezolano ha reconocido supuestos planes de "conspiración" dentro de la Fuerza Armada, y a finales de mayo pasado ordenó que fuera firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad a su gobierno.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, pidió la semana pasada la liberación de 152 militares que están tras las rejas y son acusados de varios delitos, pero que el Legislativo y las organizaciones de derechos humanos catalogan como "presos políticos".
La Asamblea Nacional (Parlamento) repudió entonces las "torturas" a los "presos políticos militares" y exigió su libertad, luego de que familiares de algunos de los detenidos denunciaran golpes y maltratos por parte de funcionarios del Estado.
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