
La pareja intensificó su batalla con el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión, quien dijo que presentaría una moción para acusarlos de desacato al Congreso.
Bill y Hillary Clinton se negaron el martes a declarar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein, intensificando una batalla de meses con su líder republicanos, el representante James Comer de Kentucky, quien rápidamente dijo que tomaría medidas para acusarlos de desacato al Congreso.
"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente y está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias", escribieron los Clinton en una larga carta a Comer, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, obtenida por The New York Times. "Para nosotros, ese momento es ahora".
Los incesantes esfuerzos de Comer por obligarlos a declarar reflejan el enfoque general que ha adoptado en la investigación de su panel sobre Epstein. Ha intentado desviar la atención de los vínculos del presidente Donald Trump con el delincuente sexual convicto y de la decisión de su gobierno de cerrar la investigación sin revelar información clave. En su lugar, ha trabajado para atraer la atención hacia demócratas destacados que alguna vez se relacionaron con Epstein y su compañera Ghislaine Maxwell.
"Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces mientras Bill Clinton era presidente", dijo Comer el martes, en declaraciones a los periodistas tras llevar a cabo la declaración programada de Clinton con una silla que se dejó vacía para llamar la atención sobre la ausencia del expresidente. Y añadió: "Nadie está acusando a Bill Clinton de nada, de ninguna fechoría. Solo tenemos preguntas".
Comer ha amenazado en repetidas ocasiones con acusar a los Clinton de desacato si no comparecen para rendir declaraciones presenciales a puerta cerrada, algo que suele ser el primer paso para remitir a alguien al Departamento de Justicia para su procesamiento. Él había fijado el martes como fecha límite para la comparecencia de Bill Clinton y el miércoles para la de Hillary Clinton.
Sin embargo, horas antes de que venciera el plazo, los Clinton dejaron claro que no tenían intenciones de presentarse en el Capitolio para ser interrogados por Comer y los miembros de su comisión. Para esto entregaron una carta legal de ocho páginas en la que explicaban las razones por las que consideraban que las citaciones eran "inválidas y legalmente inaplicables", a la que siguió una contundente misiva firmada por ambos, en la que prometían enfrentarse a Comer por este asunto todo el tiempo que fuera necesario.
En la carta, los Clinton señalaban que, de manera proactiva, habían proporcionado a Comer declaraciones juradas similares a las que este había aceptado de otros siete u ocho exfuncionarios de las fuerzas del orden a los que también había citado y luego eximido de declarar ante la comisión. Los Clinton han dicho en repetidas ocasiones que no tienen ningún conocimiento relevante para la investigación.
El martes fueron más allá y pasaron a confrontar públicamente a Comer, con medidas que parecían sentar las bases de lo que podría ser una complicada batalla legal. En una carta en la que abordaban el tema de las medidas que Trump ha tomado contra la migración, el uso que ha hecho del Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos e incluso la oposición de los republicanos a ampliar los subsidios de salud, los Clinton acusaron a Comer de paralizar potencialmente el Congreso para buscar un proceso con motivaciones políticas, "literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento".
"Confiamos en que cualquier persona razonable, dentro o fuera del Congreso, verá, basándose en todo lo que hagamos público, que lo que usted está haciendo es tratar de castigar a quienes considera sus enemigos y proteger a quienes cree que son sus amigos", escribieron.
En la carta, Bill y Hillary Clinton dijeron que habían anticipado que Comer de todos modos ordenaría a su comité que intente acusarlos de desacato, y que esperaban que "difunda fotos irrelevantes, de hace décadas, que usted espera que nos avergüencen".
El martes por la mañana, en el Capitolio, Comer dijo que estaba decepcionado por la decisión de Clinton de rechazar una citación legal y dijo que la semana que viene propondría en la comisión que se acusara al expresidente de desacato. Eso requeriría una votación del panel, seguida de una votación del pleno de la Cámara. Si se aprobara, correspondería al Departamento de Justicia enjuiciar el asunto, cuyas penas incluyen una multa de hasta 100.000 dólares y condenas de prisión de hasta un año.
Comer también señaló que había habido apoyo bipartidista para citar a los Clinton. Durante el verano, cuando los demócratas de la comisión de supervisión se aliaron con algunos republicanos disidentes para forzar la citación del Departamento de Justicia, los legisladores republicanos modificaron la medida incluyendo otros nombres, entre ellos el de los Clinton, y el paquete se aprobó con un voto bipartidista.
En su carta, los Clinton dijeron que preveían que Comer argumentaría que la decisión sobre si declarar o no no les correspondía a ellos.
"Pero ya tomamos la decisión", escribieron. "Ahora usted tiene que tomar la suya".
Antes de que venciera el plazo de Comer, los Clinton se dieron a la tarea de reforzar su equipo jurídico. Contrataron a Ashley Callen, copresidenta del departamento de investigaciones del Congreso de Jenner & Block, quien anteriormente había trabajado como asesora general del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y de otros altos republicanos de alto rango, para que hiciera las veces de enlace con los miembros del Partido Republicano en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Callen también había trabajado antes como subdirectora de personal en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes bajo la dirección de Comer.
También buscaron la ayuda de Abbe Lowell, un abogado veterano famoso por representar clientes involucrados en escándalos políticos.
Antes de eso, los Clinton llevaban meses trabajando entre bastidores para evitar comparecer en el Capitolio para declarar. Su abogado de muchos años, David Kendall, ya había enviado tres cartas en las que explicaba detalladamente el argumento de que los Clinton solo debían prestar declaración jurada ante la comisión.
En una carta legal más agresiva enviada a Comer a las 11 p. m. del lunes, Callen y Kendall escribieron que las citaciones eran "inválidas y legalmente inaplicables" porque no tenían ningún propósito legislativo válido. También dijeron que eran "injustificadas porque no buscan información pertinente, y son una violación sin precedentes de la separación de poderes".
El hecho de que Comer haya insistido durante meses en que los Clinton comparecieran, dijeron los abogados, "nos encamina hacia una confrontación legal prolongada e innecesaria".
Citando jurisprudencia específica sobre citaciones del Congreso y precedentes constitucionales, los abogados escribieron que las citaciones no eran más que "un esfuerzo por acosar y avergonzar públicamente al presidente y a la secretaria Clinton y una usurpación inadmisible de la autoridad ejecutiva en materia de aplicación de la ley".
Los abogados dijeron que el intento de la comisión de obligar a los Clinton a testificar en persona contravenía las limitaciones del poder de investigación del Congreso establecidas en casos ante la Corte Suprema.
También señalaron que la Corte Suprema había declarado en el pasado que debe existir un "nexo" entre los objetivos legislativos de las investigaciones y los testigos a los que se solicita información. Comer no había establecido por qué la comparecencia de los Clinton sería relevante, afirmaron.
Los abogados instaron a Comer a "desescalar esta disputa".
Michael Gold colaboró con reportería.
Annie Karni es corresponsal del Congreso para el Times.
Michael Gold colaboró con reportería.
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