Maduro y su esposa enfrentarán otra imputación en Manhattan, según la fiscala general de EE. UU.

El presidente de Venezuela fue acusado en 2020 de narcoterrorismo y otros delitos. Esa imputación afirmaba que Maduro y otros "priorizaron el uso de la cocaína como un arma" contra Estados Unidos.

La fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo el sábado que se espera que Nicolás Maduro, el presidente capturado de Venezuela, se enfrente a cargos en el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales lo habían tenido en el punto de mira durante años.

Bondi publicó la noticia en las redes sociales, añadiendo que también había sido imputada la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quien no se incluyó en un acta de acusación anterior. Ambos, dijo, "pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses".

Maduro fue imputado en Manhattan en 2020. Con esos cargos pendientes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió a Maduro el año pasado como un "fugitivo de la justicia estadounidense".

Esa imputación, sustentada en una investigación de la Administración Federal Antidrogas, imputaba a Maduro y a otras cinco personas por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Los fiscales federales suelen presentar lo que se conoce como una acusación sustitutiva para añadir acusados o cargos a una acusación existente. En este caso, la publicación de Bondi en X decía que la esposa de Maduro también sería acusada, lo que sugiere que se había presentado una nueva acusación bajo secreto del sumario.

La imputación de 2020 afirmaba que Maduro llegó a encabezar una organización de narcotraficantes, el Cartel de los Soles, cuando se hizo con el poder en Venezuela. Cartel de los Soles ha sido un apodo irónico para los oficiales militares del gobierno de Maduro, quienes llevan soles en sus charreteras.

Bajo el liderazgo de Maduro, según el acta de acusación, la organización no solo pretendía enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar" Estados Unidos de cocaína "e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores de este país". La imputación afirmaba que Maduro y otros "priorizaron el uso de la cocaína como un arma contra América".

Los fiscales del Distrito Sur llevaban mucho tiempo investigando a Maduro, y la investigación que condujo a su imputación en 2020 fue supervisada por Emil Bove III, un fiscal que años más tarde se convirtió en uno de los abogados defensores del presidente Trump y a quien el presidente nombró este año juez federal. Otra de las fiscales era Amanda Houle, que ahora dirige la división penal de la fiscalía.

Aunque las circunstancias de la captura de Maduro en una operación militar fueron extraordinarias, el sistema judicial estadounidense tiene antecedentes en detener a líderes sudamericanos y llevarlos a juicio. Los fiscales de Manhattan tienen un dicho: "No se puede ocultar el cuerpo", lo que significa que, una vez que una persona está detenida, el caso tiende a seguir adelante independientemente de las circunstancias de la detención.

En 1989, Estados Unidos invadió Panamá y obligó a rendirse al general Manuel Antonio Noriega, líder militar panameño, quien fue trasladado a Florida y detenido por agentes de la DEA. Tres años después de rendirse, Noriega fue juzgado, declarado culpable y condenado a 40 años de prisión.

En 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido por agentes del orden de su propio país en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos. También él fue llevado a Estados Unidos, donde fue juzgado, declarado culpable y condenado.

A finales del año pasado, Trump indultó abruptamente a Hernández y afirmó que el caso contra él --que también había sido supervisado por Bove y se había ido construyendo a lo largo de varias gestiones presidenciales--era "un montaje del gobierno de Biden".

El caso contra Hernández y las acusaciones de 2020 contra Maduro tienen un parecido significativo. Ambos dirigentes fueron acusados de utilizar sus gobiernos como vehículos para la exportación de cocaína a Estados Unidos. Ambos fueron acusados de conspirar para poseer ametralladoras, lo que, combinado con cargos de narcotráfico, conlleva penas de prisión potencialmente prolongadas.

La imputación de Maduro en 2020 ha estado pendiente en el tribunal federal de Manhattan ante el juez Alvin K. Hellerstein, un veterano de casi tres décadas en el banquillo del Distrito Sur.

Nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998, el juez es más conocido por haber supervisado las numerosas demandas presentadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, por familiares de los fallecidos y trabajadores de la zona cero.

Más recientemente, Hellerstein, de 92 años, ha presidido los intentos de Trump de trasladar su condena penal de Manhattan a un tribunal federal, asunto que está pendiente.

J onah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

William K. Rashbaum es un periodista del Times que cubre la corrupción municipal y política, los tribunales y temas más amplios relacionados con el cumplimiento de la ley en Nueva York.