
Al liberar al exdirigente de Honduras, el presidente de EE. UU. anuló años de trabajo de uno de sus propios funcionarios del Departamento de Justicia, Emil Bove III.
Cuando el presidente Donald Trump indultó al exdirigente de Honduras esta semana, borró el mayor logro de años de trabajo de uno de sus propios exabogados penalistas y altos funcionarios del Departamento de Justicia, Emil Bove III.
Bove, firme creyente en las prerrogativas del poder ejecutivo, se dio a conocer por defender a Trump contra varias acusaciones, y su perfil se elevó aún más cuando, en el Departamento de Justicia, supervisó el despido de decenas de fiscales y agentes del FBI que Trump percibía como enemigos. En mayo, el presidente lo nombró juez de un tribunal federal de apelaciones y el Senado lo confirmó en julio.
Pero antes de eso, Bove fue un duro fiscal de Manhattan empeñado en condenar a los miembros de una conspiración hondureña de narcotráfico.
Desde 2015 hasta que dejó el cargo en 2021, Bove ayudó a dirigir la investigación que identificó a Honduras como un conducto clave para los envíos de cocaína a Estados Unidos. La investigación puso de manifiesto la violencia que había despejado el camino para la droga a través de Honduras, ya que los funcionarios del país reprimían a cualquiera que intentara frustrarlos. Y, en última instancia, condujo a la condena en 2024 del presidente Juan Orlando Hernández, quien, según los fiscales, había estado en el centro de la conspiración.
La semana pasada, sin apenas avisar, Trump anunció que indultaría a Hernández, y el expresidente quedó en libertad el lunes por la noche. Fue una potente ilustración de cómo las prioridades mantenidas durante mucho tiempo, incluso por los colaboradores más leales de Trump, están sujetas a los propios imperativos del presidente.
En una rueda de prensa celebrada esta semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a los cargos contra Hernández como una "clara sobreactuación de Biden".
Los casos hondureños comenzaron antes de que Trump fuera elegido por primera vez, durante el gobierno de Barack Obama. Comenzaron con la cooperación de dos hermanos narcotraficantes que dirigían una organización llamada Los Cachiros y afirmaban haber causado el asesinato de 78 personas. En los años siguientes, Bove y otros fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito sur de Nueva York avanzaron la investigación, desde traficantes de nivel medio a funcionarios de alto rango, hasta llegar al hermano del presidente y luego a este, a quien la fiscalía condenó por conspirar para importar más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Bove, según dos personas con conocimiento del asunto, fue uno de los autores de un memorando en el que se exponían las pruebas contra Hernández, la hoja de ruta que utilizaron los fiscales para llevar el caso.
Pronunció el alegato final en el juicio de 2019 del hermano de Hernández, Tony Hernández, e ilustró el impacto de los crímenes de ambos hermanos en términos íntimos. Tony Hernández, dijo al jurado, había ayudado a importar "casi doscientos mil kilos de cocaína a Estados Unidos".
"Hay ocho mil dosis individuales de cocaína en un kilo", dijo al jurado. "Y en esa cifra es realmente desgarradora. Esto no es Netflix. Esto no es una película. Cada dosis individual podría dejar a un padre preguntándose dónde está su hijo".
Cuando se le pidió el martes que comentara el indulto, Bove dijo: "Estoy orgulloso de haber representado y servido anteriormente al presidente Trump, y confío plenamente en su juicio y lo respeto a la hora de ejercer el poder de indulto, que la Constitución le confiere exclusivamente a él en virtud del mandato que le ha otorgado el pueblo estadounidense."
Dijo que no había intentado interceder después de que Trump anunciara su plan de indultar a Hernández, y que no tenía nada que objetar al respecto.
Bove trabajó en diversos casos relevantes como fiscal, incluidos procesos por tráfico de estupefacientes en los que estaba implicada Venezuela. En ellos estaban involucrados sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes fueron condenados por narcotráfico en 2015. Bove supervisó también el procesamiento del presidente del país, Nicolás Maduro, y de miembros de su ejército.
Los sobrinos fueron liberados en 2022 por el gobierno de Biden a cambio de siete estadounidenses que habían sido encarcelados en Venezuela.
Bove también se enfocó en procesamientos de contraespionaje, como el de Ali Kourani, agente de Hizbulá, y en labores antiterroristas, como el procesamiento de Sayfullo Saipov, quien fue condenado por matar a ocho personas con un camión en Manhattan.
Mantiene una relación difícil con su antigua oficina. Su salida del Distrito Sur se complicó por las quejas de los abogados defensores sobre su agresividad y de algunos fiscales sobre su estilo de gestión. Su mandato se vio empañado por el fracaso de un caso que había supervisado, en el que los fiscales a los que supervisaba fueron acusados de retrasar la revelación de pruebas a la defensa, lo que constituyó un grave error ético.
Este año se enemistó con muchos de sus compañeros de oficina al presionar a los dirigentes del Distrito Sur para que abandonaran una causa penal contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, y luego al solicitar formalmente él mismo el sobreseimiento tras la dimisión desafiante de varios fiscales.
Aun así, su respuesta al indulto de Hernández fue extraordinaria, dados los años que dedicó a la investigación y su importancia para la actual dirección de la oficina de Manhattan. La jefa de la división penal, Amanda Houle, trabajó estrechamente con Bove en muchos casos derivados de la investigación, y el principal adjunto de la oficina, Sean Buckley, supervisó la unidad de Bove durante varios años.
El martes, en una conferencia jurídica en Manhattan, un miembro del público le preguntó a Jay Clayton, actual fiscal federal en Manhattan, qué mensaje deberían extraer otros países de los recientes indultos de Trump, incluido el de Hernández. Un moderador reformuló la pregunta y Clayton no mencionó el indulto en su respuesta.
Un portavoz de la fiscalía estadounidense declinó hacer comentarios sobre el indulto o sobre el papel de Bove en los casos de Honduras.
Los abogados defensores que representaron a personas implicadas en la investigación recuerdan a Bove por su impresionante dominio de los detalles, al presionar a los acusados que se convertirían en testigos colaboradores para que revelaran todo lo que sabían.
Scott Kalisch, quien representó a un acusado convertido en testigo, Víctor Hugo Díaz Morales o "El Rojo", recordaba muchas reuniones con el exfiscal en una pequeña sala de la oficina de la fiscalía estadounidense en el Bajo Manhattan.
"Mi cliente decía algo y Bove afirmaba que no estaba completo", recordaba Kalisch. "Miraba su computadora y decía: 'Estás omitiendo cosas. Necesitas convertirte en un mejor testigo, así que piénsalo bien'. Mi cliente lo pensaba. A veces interrumpíamos las reuniones y nos reuníamos al día siguiente, y mi cliente recordaba lo que no había incluido".
La investigación era enormemente compleja y su enjuiciamiento exigió trazar un mapa de las redes sociales y de las organizaciones profesionales dispersas por varios países latinoamericanos, dijeron los abogados defensores relacionados con el caso. En 2010, los agentes federales antidroga empezaron a investigar el tráfico aéreo procedente de Colombia y Venezuela. Pronto se dieron cuenta de que Honduras era un segmento clave de la red.
Una investigación tan vasta es un universo en sí mismo, dijo Kalisch, y Bove lo dirigía. Llevó los casos con agresividad, utilizando la amenaza de severas penas de prisión e impulsando el juicio de los acusados que se negaron a cooperar. La investigación se centró no solo en los narcotraficantes, sino también en políticos y funcionarios policiales y militares.
La política de los casos también era complicada, dada la posición de Hernández. Al solicitar el indulto, el expresidente dijo que había sido víctima de una persecución política dirigida por el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, algo de lo que se hizo eco Leavitt en sus declaraciones. Pero, de hecho, la Casa Blanca de Biden ralentizó el proceso contra el presidente hondureño, según dos personas con conocimiento del caso, que solicitaron el anonimato para poder hablar con libertad.
El procesamiento de Tony Hernández suscitó el entusiasmo de los hondureños, que asistieron diariamente a su juicio en 2019 y presionaron para que se procesara al hermano de Tony, Juan Orlando, a medida que surgían pruebas sobre su implicación. Juan Orlando Hernández dejó la presidencia en 2022. Solo después de su salida fue acusado, extraditado, juzgado y condenado. A su juicio también asistieron hondureños entusiastas.
Para entonces, Bove había abandonado el Distrito Sur. Pero había dejado su huella en los casos hondureños. Poco de lo demás en lo que trabajó se comparaba con la magnitud de aquellos procesamientos, o con la crueldad de los acusados en aquellos casos, quienes a menudo habían matado o causado la muerte de decenas de personas.
"Honduras tiene tantos habitantes como la ciudad de Nueva York", dijo Bove en su alegato final del juicio de Tony Hernández, y añadió: "Y durante casi 15 años el acusado asoló su país para trabajar con otros hombres en el envío de una marea de cocaína a Estados Unidos. No mostró ninguna consideración por las personas a las que perjudicó. Ninguna preocupación por los que puso en peligro, incluida la gente de aquí".
Kalisch, el abogado del testigo, dijo que se había quedado atónito ante la violencia de la conspiración. Bove le había mostrado un video de un hombre apuñalado hasta la muerte en una celda de la cárcel, y pruebas de varios otros asesinatos.
En una entrevista días antes de que Trump indultara formalmente a Juan Orlando Hernández, Kalisch expresó su incredulidad de que algo así pudiera ocurrir, después de que los juicios hubieran demostrado cómo el expresidente había envenenado Honduras.
"Era un país totalmente corrupto, empezando por el presidente", dijo. "Simplemente no veo cómo Trump puede indultar al presidente. Simplemente no lo veo. No puedo creerlo".
Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.
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