(Reuters)
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Luego de que un adolescente se hiciera explotar dentro de las instalaciones de la policía secreta de Rusia cerca del círculo polar ártico a finales del año pasado, en su comentario radiofónico semanal una periodista independiente a cientos de kilómetros de distancia hacia el sur expresó lo que pensaba que era una conclusión “banal y evidente”.

Su conclusión — que la represión implacable de las fuerzas de seguridad de Rusia está radicalizando a la juventud rusa— ha hecho que ahora esa periodista, Svetlana Prokopyeva, esté enfrentándose a una sentencia de siete años de cárcel por “incitar públicamente al terrorismo”.

Incluso el Consejo de Derechos Humanos del Kremlin afirmó que Prokopyeva no había hecho eso sino que, desde su oficina en la antigua ciudad rusa de Pskov, solo había estado tratando de explicar cuáles son las razones que incitan a las personas a cometer actos extremos, pero no intentaba fomentarlos.

No obstante, el proceso continúa y añade un tono kafkiano a las medidas cada vez más autoritarias de un aparato de seguridad empeñado en demostrar que los críticos más acérrimos del Kremlin tienen razón cuando dicen que Rusia ha dado un giro peligroso durante el supuesto último periodo del presidente Vladimir Putin.

El enjuiciamiento de Prokopyeva y de otros detractores inofensivos tiene como telón de fondo los augurios y la incertidumbre de lo que podría venir después de Putin, quien ha afianzado el sistema durante casi dos décadas. Incluso la pregunta de si se retirará en 2024 como está programado es tema de especulaciones, ya que sigue siendo más popular que cualquiera de sus oponentes pese a que ha caído su nivel de aceptación.

La inestabilidad resultante, exacerbada por el estancamiento económico y en especial las manifestaciones pequeñas, pero extendidas, que surgieron este verano, han hecho que los numerosos cuerpos policiales de Rusia se precipiten para probar su temple contra posibles amenazas, sin importar cuán insignificantes sean, y garantizar su futuro en un país que todos ellos consideran un baluarte sitiado por enemigos tanto del interior como del extranjero.

A raíz de las manifestaciones, mismas que a menudo las autoridades sofocaron mediante el uso de una fuerza brutal, la semana pasada, los organismos policiales llevaron a cabo redadas a nivel nacional en los canales de noticias que critican al Kremlin, así como en las casas y oficinas de las personas asociadas con el líder de la oposición, Alexéi A. Navalny.

Pero, como lo observó Prokopyeva, tanta represión a menudo ha alimentado el enojo y una mayor agitación. Cuando los hombres armados con hachas —vestidos de civil, pero respaldados por oficiales de la policía antimotines— sofocaron el mes pasado una manifestación en Siberia por cómo habían tratado a un chamán, se desencadenó el desbordamiento de ira más grande que se había visto en años en esa remota región cerca de la frontera con Mongolia.

La represión cada vez más extendida y con frecuencia difícil de descifrar ha alcanzado incluso a los disidentes de la era soviética, de edad avanzada, con escasos recursos y pocos seguidores.

El ministro de Justicia, por ejemplo, exigió la semana pasada que se desarticulara un pequeño grupo de derechos humanos encabezado por Lev A. Ponomariov, de 78 años. Después, unos corpulentos oficiales de policía secuestraron en la calle a una oftalmóloga que es la dirigente de una asociación de médicos y la acusaron, junto con una colaboradora, una ginecóloga, de “desobedecer” a las autoridades policiales tras una oleada de manifestaciones de los trabajadores de la salud.

El 21 de octubre, el Kremlin anunció una reestructuración del Consejo de Derechos Humanos, que ya es un organismo ineficaz pero que se ha llegado a pronunciar en favor de las víctimas (incluyendo a Prokopyeva) de un aparato de seguridad que normalmente es anárquico. Se deshicieron de los miembros de ideas más independientes del Consejo para favorecer a las personas de los medios de comunicación del Estado que son fieles al régimen, así como a otras personas conocidas por su obediencia.

“Su lógica es la misma que la de los terroristas: quieren generar temor”, comentó Lev Shlosberg, miembro electo del Consejo Regional de Pskov y líder de Yabloko, el último partido político pro-occidental que queda en Rusia con alcance nacional. “Al enviar a una sola persona a la cárcel, pueden aterrorizar a millones más”.

Maxim Kostikov, el editor en jefe de la estación de radio de Pskov que transmitió el comentario de Prokopyeva en octubre pasado, señaló que la decisión de procesar a la periodista de 40 años no tenía sentido “de acuerdo con una lógica normal”.

Miles de personas fueron detenidas por la policía de Vladimir Putin durante manifestaciones contra la exclusión de algunos candidatos a concejales de las próximas elecciones en Moscú, en una de las mayores protestas políticas de la capital rusa en años. Así arrestaron a un hombre el sábado 10 de agosto de 2019 (Evgeny Feldman, Meduza via AP)
Miles de personas fueron detenidas por la policía de Vladimir Putin durante manifestaciones contra la exclusión de algunos candidatos a concejales de las próximas elecciones en Moscú, en una de las mayores protestas políticas de la capital rusa en años. Así arrestaron a un hombre el sábado 10 de agosto de 2019 (Evgeny Feldman, Meduza via AP)

Calculó que tal vez “trescientas o cuatrocientas personas” habrían escuchado la transmisión original y que quizás unos cuantos cientos más habrían leído el texto del comentario de Prokopyeva en un portal de noticias de Pskov. Pero ahora, gracias al proceso judicial en su contra, “todo el mundo sabe lo que escribió Svetlana”.

No obstante, si convertir a una periodista de provincia que antes era poco conocida en una causa célebre resultará ser contraproducente “depende de nuestra interpretación de productividad”, afirmó Ekaterina Schulmann, una de las integrantes expulsadas del Consejo de Derechos Humanos de Putin.

Schulmann señaló que la lógica que impulsa las medidas del Servicio Federal de Seguridad, FSB por su sigla en ruso, y de otras ramas de un enorme aparato de seguridad divididas por disputas de territorio y dinero no se desprende de ningún plan maestro para aterrorizar a los opositores del Kremlin, sino que radica en un cálculo burocrático de intereses propios.

“Cada órgano tiene que mostrar sus propios resultados y no le importa el panorama general”, añadió Schulmann, y señaló que al perseguir a Prokopyeva, el FSB “puede incluir en sus informes un destacado proceso judicial”.

Cuando le preguntaron sobre el caso este mes, el vocero de Putin, Dmitry S. Peskov, dijo que “por supuesto Putin sabe del caso, pero no es asunto del presidente”.

En una entrevista en Pskov, Prokopyeva dijo que había sido interrogada por los investigadores del Comité de Investigación, la versión rusa del FBI, acerca de lo que escribió, de lo que hizo y si alguien la había ayudado o le había dado instrucciones. Pero ella dijo que creía que el caso había sido manejado tras bambalinas por el FSB, el cual en general es el responsable de combatir el terrorismo.

Comentó que la motivación del organismo era simple: “vengarse” por la insinuación que hizo de que el sistema de seguridad de Rusia está creando los delitos que supuestamente debe prevenir.

“Quieren defender su posición inamovible en este país”, dijo vestida con una playera negra con la frase “No nos callaremos” escrita en varios idiomas.

Prokopyeva ha estado en la mira de los servicios de seguridad rusos desde 2014, cuando, siendo editora del Pskovskaya Guberniya (Gobernación de Pskov), el único diario independiente de su pueblo, supervisó la cobertura que exponía otra verdad “evidente”: que los soldados rusos han estado combatiendo y muriendo en el este de Ucrania.

La primera evidencia en el proceso judicial de Prokopyeva es un texto de 800 palabras que ella escribió y que comparaba al adolescente suicida —quien no mató a nadie más— de la ciudad de Arcángel al norte, con los rusos jóvenes del siglo XIX que se unieron a “La voluntad del pueblo”, un grupo anarquista responsable del asesinato del zar Alejandro II en 1881.

“La crueldad engendra más crueldad”, dijo la periodista en su comentario radiofónico transmitido por Ekho Moskvy (Eco de Moscú), una estación filial de Pskov en Moscú. Los lingüistas comisionados por los investigadores para estudiar el texto dijeron que su comentario contenía “indicios de incitación al terrorismo”, aunque los expertos contratados por sus abogados no encontraron esos “indicios”.

A lo largo del año, al menos nueve personas además de Prokopyeva han enfrentado acusaciones criminales —entre las cuales una persona fue encarcelada por dos años y medio— por comentarios que hicieron sobre Mikhail Zhlobitski, el adolescente de 17 años que se suicidó. Decenas de seguidores pacíficos, y con frecuencia ya mayores, de los Testigos de Jehová, una denominación cristiana que Moscú prohibió en 2017 por considerarla una amenaza a la seguridad, también han sido víctimas de esta fuerte represión contra supuestos “extremistas”.

Prokopyeva, a quien acusaron formalmente el mes pasado de incitar al terrorismo, comentó que había escrito su texto en unas cuantas horas y que nunca se imaginó que desataría tal escándalo. “No era nada especial ni original”, señaló, añadiendo que cualquiera, como ella, que hubiera ido a la escuela en la Unión Soviética, donde los libros de texto consideraban a los anarquistas del siglo XIX precursores de los revolucionarios de Lenin, sabe cómo la represión zarista atizó la violencia.

Escribió que Zhlobitski no fue un loco solitario, sino una advertencia de que las autoridades tienen que prestar atención si no quieren seguir el ejemplo del desafortunado orden zarista de Rusia. “El Estado implacable engendró un ciudadano que usó su muerte como un argumento”, escribió, subrayando que las autoridades habían bloqueado los caminos pacíficos de la disidencia para los jóvenes como Zhlobitski.

Terminó su comentario con lo que había pensado que era un mensaje claro de que no quería que otros siguieran el ejemplo de ese adolescente: “Esperemos que él sea una excepción”.

c. 2019 The New York Times Company