Human Rights Watch publicó un informe detallado sobre el funcionamiento de una plataforma que utilizan la autoridades chinas en la región de Xinjiang, en el noroeste del país, para controlar y perseguir a los uigures, una etnia que habita en esa zona.
El gobierno chino ya sometió a 13 millones de uigures y otros musulmanes a una serie de restricciones que violan derechos humanos básicos. Se los controla y hasta detiene por cuestiones irrisorias como "dejarse crecer la barba", según se menciona en el reporte donde también se destaca que hay un millón de personas retenidas en "campos de reeducación política".
En esos campos, los uigures y otras minorías musulmanas son privados de su libertad. El objetivo es despojarlos de sus tradiciones y costumbres religiosas. Entre otras cosas, se los obliga a hablar sólo en chino, cantar el himno nacional todas las semanas y comer cerdo, un alimento prohibido por el islam.
En un comienzo, el gobierno chino negaba la existencia de estos centros de detención pero luego de que surgieran varios informes sobre estos sitios, cambiaron su discurso. Reconocieron que esos lugares existían pero aclararon que eran sitios de "educación" y que la gente estaba allí de manera voluntaria.
Para llevar adelante este control sobre los residentes, el gobierno se basa en un sistema llamado Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP, por sus siglas en inglés). Las autoridades de Xinjiang emplean este sitio para cargar, en una base de datos, información sobre personas que considera potencialmente una amenaza.
Los efectivos utilizan una app para ir subiendo esa información al sistema, desde sus celulares. Entre enero de 2018 y febrero de 2019, Human Rights Watch hizo ingeniería inversa sobre esa aplicación (que en ese momento estaba disponible públicamente) para entender cómo funciona este sistema de vigilancia masiva.
La app fue desarrollada por la empresa china Hebei Far East Communication System Engineering Company (HBFEC) y la primera versión se lanzó en diciembre de 2016. Para hacer este análisis, Human Rights Watch contó con el apoyo de la empresa alemana de ciberseguridad Cure53.
"Nuestra investigación muestra, por primera vez, que la policía de Xinjiang está utilizando información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando en su contra", dijo Maya Wang, investigadora principal de China de Human Rights Watch.
Cómo funciona la aplicación
La app cumple tres grandes funciones: recoge información de las personas, reporta actividades o circunstancias sospechosas y solicita que se lleven adelante misiones de investigación.
Cuando el sistema detecta a alguien o algo que considera sospechoso, envía un alerta a un funcionario de gobierno para que investigue sobre ese tema. Luego, la autoridad debe reportar sus hallazgos y, en función de eso, se decide si es necesario seguir explorando ese tema o no.
En algunos casos, la plataforma solicita que la autoridad haga un análisis del teléfono en búsqueda de un software o contenido que pueda ser considerado problemático como por ejemplo un sistema de VPN, que sirve para sortear la censura; WhatsApp, o cualquiera de las otra plataforma que están prohibidas en China.
A partir de esa información, las autoridades van restringiendo la libertad de movimiento de las personas en función del grado de amenaza que representan, según los resultados algorítmicos que surgen del procesamiento de la información.
Qué información recopila la aplicación
La app recopila una gran cantidad de información de los ciudadanos que va desde la altura, grupo sanguíneo hasta su afiliación política, o religiosa hasta el uso que hacen del gas, la electricidad y los paquetes que reciben en sus hogares.
El sitio, a su vez, categoriza a las personas en 36 perfiles diferentes según su comportamiento. Así, por ejemplo, distinguen entre aquellos que socializan con vecinos; hacen colectas para mezquitas, realizaron viajes "demasiado extensos", o dejaron de usar su smartphone.
Cómo obtienen esta información
La plataforma IJOP controla a los residentes de Xinjiang por medio de sus tarjetas de identificación, celulares y uso de vehículos. Mucha información proviene desde cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y de los puntos de control que hay en la región.
Estos puntos de control están equipados con "portales de datos", que recopilan, de manera subrepticia, números IMEI (que son identificadores únicos de los móviles).
Y también se obtiene información de la vigilancia humana que hacen los más de un millón de funcionarios de gobierno que están destinados específicamente a controlar a estas minorías musulmanas, según el informe.
Informe completo de Human Rights Watch:
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