El Congreso aprobó este jueves otorgar facultades especiales a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para investigar el presunto uso irregular del avión presidencial y de otras naves de las Fuerzas Armadas en el traslado de familiares del presidente Pedro Castillo.
Con 66 votos a favor, 41 en contra y una abstención, la representación nacional dio luz verde a la iniciativa presentada por el presidente de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País).
En la moción se señala que sobrinos del jefe de Estado como Kevin Castillo Medina y Cristian Ríos Castillo serían constantes viajeros a Talara, Iquitos, Tumbes, Puerto Maldonado, Chiclayo y otros destinos, utilizando para ello aviones militares.
También se menciona a otros familiares viajeros, como Iván Castillo Castillo, Rafael Delgado Manuel o Carlos Orellana Ordóñez en vuelos a la Selva; y Dunker Wilfredo Hilario Ayala, quienes habrían utilizado documentos de identidad de otras personas.
El Pleno adoptó dicha decisión tras el registro de un pasajero identificado como “Lay Vásquez Castillo” en la comitiva presidencial que viajó a la ciudad de Chiclayo el pasado 23 de junio en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
El Centro Liber, dirigido por la periodista Patricia Hoyos, publicó un informe que levantó sospechas respecto a la posibilidad de que Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, haya viajado en un vuelo del avión presidencial en junio de este año cuando ya se encontraba prófugo de la justicia.
El portal consiguió los nombres de las personas que abordaron el avión presidencial tras solicitar el listado a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Réplica del presidente
Hoyos rechazó las declaraciones de Castillo, quien alegó que el informe ha “sido manipulado” y se trata de otro intento por “deslegitimar” a su gestión. Desde luego, a inicios de mes, el jefe de Estado anunció que continuará utilizando el avión presidencial para viajar al interior del país al lado de sus ministros y su entorno familiar.
Castillo se halla inmerso en una denuncia constitucional presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, quien lo señala como supuesto líder de una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
En concreto, lo imputa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
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