Cuando fotografiarse da miedo, la democracia tiene un problema

De mi reciente visita al Reino Unido e Irlanda me acompaña una escena que no ocurrió en un despacho oficial. Fue durante un encuentro con integrantes de la pequeña comunidad judía de Dublín. Cuando llegó el momento de tomar una fotografía para publicarla en redes sociales, casi todos prefirieron quedar fuera. ¿Por qué? Temían las consecuencias de ser identificados públicamente como judíos.

Una fotografía. Bastaba eso para sentirse expuestos.

He pensado mucho en lo que significa calcular el riesgo antes de aparecer en una imagen, en la distancia entre tener un derecho y sentirse libre para ejercerlo. ¿Qué significa vivir en una democracia si mostrar quién eres se percibe como una amenaza?

Viajamos con el J7, la coalición que la Liga Antidifamación (ADL) ayudó a fundar en 2023 y que reúne a organizaciones representativas de las siete comunidades judías más grandes de la diáspora. Fuimos a escuchar, acompañar y llevar las preocupaciones de las comunidades a las autoridades. Regresé con una convicción aún más firme: no podemos medir el éxito de estos encuentros por las puertas que se abren, sino por lo que cambia para quienes siguen sintiendo miedo al otro lado de ellas.

En Londres, el liderazgo de los estudiantes judíos me dejó una profunda impresión. Su determinación frente al acoso y la discriminación merece reconocimiento. Pero me incomoda que nos acostumbremos a celebrar su fortaleza sin preguntarnos por qué necesitan tanta para ejercer derechos que otros dan por sentados. Estudiar, participar y expresar la propia identidad no deberían ser pruebas de resistencia.

El antisemitismo ataca a los judíos, pero también erosiona las condiciones que hacen posible la convivencia democrática. Las teorías conspirativas, la culpabilización colectiva y la exclusión de una minoría no afectan únicamente a quienes son sus primeros blancos. Cuando encuentran tolerancia social, espacio político o impunidad, debilitan a toda la sociedad.

Por eso, una declaración de condena no constituye, por sí sola, una política pública.

Las definiciones, las directrices internacionales y los compromisos educativos son herramientas importantes. Pero su valor debe medirse por su eficacia para reconocer el antisemitismo y enfrentarlo. Ese compromiso debe traducirse en acciones con responsables identificables, presupuesto, plazos y rendición de cuentas; en formación para docentes, policías y funcionarios; y en una respuesta efectiva frente a los delitos de odio.

Esta exigencia no se limita a Irlanda. Incluso donde existen estrategias nacionales para combatir el antisemitismo y enviados especiales, corresponde preguntar qué funciona, qué no y qué debemos cambiar. Reconocer el problema es indispensable. Reducirlo es la tarea pendiente.

También debemos examinar aquello a lo que nos hemos acostumbrado: niños que esconden su identidad judía en la escuela, familias que evalúan si es seguro llevar un símbolo religioso, sinagogas y colegios que necesitan cámaras, barreras y protección policial.

Esas medidas protegen vidas y deben contar con recursos suficientes. Pero su necesidad no debería dejar de indignarnos. Un perímetro de seguridad es imprescindible cuando existe una amenaza. No puede ser nuestra única idea de futuro para una comunidad.

Lo que queremos preservar no es solo la integridad de los edificios, sino la libertad de quienes entran en ellos: rezar, estudiar, celebrar o reunirse sin que cada actividad exija calcular cómo reducir la propia exposición.

Defender esa libertad exige defender también la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando las opiniones resulten ofensivas o profundamente incómodas. Criticar las políticas de un gobierno, incluido el israelí, forma parte del debate democrático.

Pero amenazar no es debatir. Acosar a alguien por ser judío no es manifestarse contra una política. Responsabilizar a los judíos por las decisiones del gobierno de Israel no es exigir justicia.

Estas distinciones deben orientar respuestas ajustadas a la ley y respetuosas de las garantías democráticas. Y cuando una expresión de odio esté legalmente protegida, eso no exime a los dirigentes políticos, las universidades o las instituciones de su responsabilidad de responder con claridad y apoyar a quienes son blanco de ella.

Tampoco podemos aceptar que la respuesta habitual sea pedir a las personas amenazadas que se retiren mientras quienes las intimidan conservan el espacio público. Debemos preguntarnos qué conducta estamos premiando y qué libertad estamos sacrificando.

Me llevo de este viaje la fuerza de las comunidades que nos recibieron. Pero no quiero que la conversación sobre la vida judía quede reducida a su capacidad de resistir. Hay mucho más que proteger: su alegría, sus tradiciones, sus desacuerdos y su contribución diaria a los países de los que forman parte.

No quiero que nuestros hijos aprendan que convivir significa esconder una parte de sí mismos. Aspiro a que crezcan en sociedades donde se pueda disentir sin amenazar, manifestarse sin agredir y expresar la propia identidad sin miedo.

En Dublín, casi todos prefirieron quedar fuera de una fotografía. Su ausencia es un llamado urgente a cualquier gobierno que se considere democrático.

El éxito se medirá cuando puedan aparecer en ella sin temor.

*Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).