El carnicero sin alma

Tarek William Saab, el ex fiscal general de Venezuela, removido recientemente, hablaba de derechos humanos con tono solemne, casi litúrgico. Citaba principios universales, denunciaba desapariciones forzadas y advertía, con indignación o quizá auténtica en aquel entonces, que esos crímenes “no prescriben”.

Hoy, tres décadas después, el antiguo “poeta de la revolución” terminó consagrándose como el rostro burocrático de la impunidad venezolana: un funcionario que pasó de denunciar verdugos a convertirse en uno de ellos y peor aún, a administrar silencios.

El caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas no fue un accidente administrativo ni un simple “error de procedimiento”. Fue algo mucho más perverso: la confirmación de que en Venezuela la desaparición forzada dejó de ser una excepción clandestina para convertirse en un mecanismo institucionalizado.

Un ciudadano desaparece, el Estado calla, los expedientes mienten y la familia queda atrapada en un laberinto de cinismo oficial. Mientras la Sra. Carmen Navas, madre de Víctor Hugo preguntaba dónde estaba su hijo, el aparato estatal sostenía la ficción de que seguía vivo. Lo habían enterrado, pero burocráticamente continuaba respirando.

En cualquier país serio eso provocaría renuncias inmediatas y procesos judiciales. En Venezuela apenas produjo los habituales comunicados fríos y el sinnúmero de vasivas.

Y allí aparece el otrora fiscal general de la República, Tarek William Saab; no como espectador, mucho menos como víctima de un sistema que lo supera, sino como uno de sus principales operadores políticos y judiciales.

En 1996 declaró que la desaparición forzada era un crimen de lesa humanidad que no podía justificarse “ni por obediencia debida”. El problema no es que haya cambiado de opinión; el problema es que terminó administrando exactamente aquello que decía combatir.

La metamorfosis no fue ideológica: fue moral. La tragedia de Quero Navas también desmontó otro mito del régimen: la idea de que todavía existe alguna frontera entre justicia y propaganda. Porque cuando una institución es capaz de ocultar una muerte durante diez meses (según lo confirmado por ellos mismos), falsificar narrativas y revictimizar familias, ya no estamos hablando de negligencia; estamos hablando de un modelo de poder que necesita la mentira para sobrevivir.

El pronunciamiento reciente de 31 exjefes de Estado del Grupo IDEA dejó claro que el tema dejó de ser un asunto doméstico. Los exmandatarios denunciaron que las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia en Venezuela “rompen con las leyes universales de humanidad” y exigieron el cese en el poder de los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las cifras también destruyen el discurso oficial.

Según la ONG Provea, las desapariciones forzadas aumentaron un 196% durante 2025. Y detrás de cada número hay una historia enterrada entre expedientes manipulados, cárceles opacas y familias condenadas a mendigar información.

La lista de presos políticos muertos bajo custodia del Estado no necesita adjetivos porque ya funciona como acta de acusación: Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Raúl Isaías Baduel, Salvador Franco, Víctor Hugo Quero Navas, entre muchos otros.

Cada muerte desmonta un discurso oficial, cada desaparición deja al descubierto una estructura, cada expediente alterado lleva la huella de quienes convirtieron la Fiscalía en un departamento de encubrimiento político.

Quizás lo más grotesco de todo sea el contraste histórico. Saab todavía carga el apodo de “el poeta de la revolución”. Una ironía feroz para alguien cuyo legado político ya no se escribe con versos sino con expedientes cerrados, silencios oficiales y familias destrozadas.

Porque al final, Venezuela terminó descubriendo que detrás del poeta nunca hubo sensibilidad revolucionaria, solo había un burócrata dispuesto a sacrificar la verdad para proteger al poder y eso lo convirtió en algo mucho peor que un fiscal complaciente: lo convirtió en el carnicero sin alma de un sistema que aprendió a desaparecer personas mientras redacta comunicados sobre derechos humanos.