Crisis en el Estado de Derecho en Costa Rica

A partir del 7 de noviembre de 1949, Costa Rica tiene una Constitución que rige nuestro Estado de Derecho. Para esa época, los constituyentes tuvieron la visión de establecer como pilares fundamentales de nuestro país a tres poderes inequívocos (ejecutivo, legislativo y judicial) para resolver la administración del Estado. A estos tres poderes se le establecieron funciones separadas y de alguna forma independientes entre sí, para que cada poder pudiera tener una función de pesos y contrapesos. Sin embargo, este sistema se ha venido deteriorando con el paso del tiempo.

Por una parte, el poder Legislativo se ha venido debilitando desde hace más de dos décadas por la ruptura del bipartidismo (basado principalmente en el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana). Esto determinó la dispersión de partidos que llegaron en cantidad a administrar nuestro Congreso. Esa atomización de partidos y de intereses difusos impidió tener concentración de fuerzas y de criterios para resolver los problemas que el país debe afrontar. Al mismo tiempo, los pequeños partidos empezaron a dificultar la creación de leyes por mecanismos reglamentarios superfluos que tiene nuestra Asamblea Legislativa, que impiden progresar. Hoy en día, el pueblo está cansado de ver cómo nuestros diputados no resuelven los problemas del país y permiten que la situación se deteriore y sea disfuncional.

El Ejecutivo, por otra parte, tiene las manos atadas en la implementación de su plan de gobierno. Muchos proyectos sociales han sido detenidos por un sistema que impide su funcionalidad. Como ejemplo de ello, tenemos una Contraloría que lejos de hacer una función de control administrativo se mete en la decisión de cómo el Ejecutivo debe de contratar y realizar su función, impidiendo y restringiendo los mecanismos que la Administración de turno desea realizar. De igual manera, tenemos una Sala Constitucional que lejos de determinar el calce constitucional en la función del país, ha introducido un mecanismo de creación jurídica por medio de una interpretación errónea de nuestra Constitución, aplicando criterios más allá de una función interpretativa de ésta. Por eso podemos entender la frustración de la gente al ver que el Gobierno de turno no puede ejercer su mandato, ya que, por un lado, existe un sistema jurídico excesivo y, por otro lado, instituciones que dificultan el quehacer diario.

Por último, hemos visto cómo nuestro Poder Judicial ha permitido una mora judicial tremenda que hace que la aplicación de la justicia sea vista por los costarricenses como insegura y de alguna forma injustificable por los impuestos que tenemos que pagar. El sistema incluso ha permitido que los índices de criminalidad hayan explotado, ya que la aplicación del sistema penal se ha hecho demasiada relajada, permitiendo que los delincuentes que han sido apresados no duren sino días tras las rejas, por lo que los criminales hacen de las suyas todos los días, creando gran preocupación en la ciudadanía.

Nuestro presidente ha llamado a un cambio en todos estos temas, pero por esta falta de acción legislativa y mora judicial, no lo ha podido conseguir. Lo bueno es que el pueblo de Costa Rica ha entendido que ya es hora de hacer los cambios necesarios para mejorar y perfeccionar el Estado de Derecho que hoy nos administra. Estamos a días de empezar una campaña electoral para sustituir al Ejecutivo y al Legislativo. Por eso creo que es una buena oportunidad para tratar de evitar la dispersión de partidos políticos y consolidar una fuerza importante de diputados en un partido mayoritario que obtenga el apoyo de los costarricenses.

De igual manera, necesitamos elegir a un(a) presidente(a) que entienda las acciones que exige nuestro pueblo y trabaje efectivamente con el Legislativo para modificar las instituciones que no están haciendo su labor en forma adecuada. Por ejemplo, necesitamos modificar el sistema de elección de magistrados; sacar la Sala Constitucional del Poder Judicial y hacerla independiente, restringiendo su labor a la interpretación de la Constitución; restringir la Contraloría General al control post facto; independizar el Ministerio Público y la Fiscalía del Poder Judicial; entre otras medidas). También necesitamos implementar modificaciones en el Poder Legislativo que permitan tener un gobierno ágil y efectivo ante la demanda de los ciudadanos que reclaman un mejor sistema legislativo en nuestro país.

Hoy Costa Rica debe cambiar para poder entregar un mejor país a las nuevas generaciones.