La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia histórica que cambia el panorama para miles de víctimas en Venezuela. En su decisión sobre el caso Chirinos Salamanca y otros (Polichacao) vs. Venezuela, el tribunal internacional dejó en claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue plenamente vigente en el país desde 1977 y que mantiene competencia para conocer los casos de violaciones cometidas por el Estado venezolano.
Defiende Venezuela asumió la representación de las víctimas del caso en el año 2017, presentando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarara la responsabilidad internacional del Estado por los abusos sufridos por los peticionarios. Posteriormente, Defiende Venezuela solicitó a la Comisión el elevamiento del caso a la Corte IDH.
Una batalla jurídica contra la impunidad
El fallo, adoptado por la Corte Interamericana el pasado 21 de agosto, se dictó en la etapa de excepciones preliminares en la que el tribunal determina si tiene competencia para conocer del caso y tiene una importancia singular: es el primer caso que analiza hechos ocurridos después de la denuncia de la Convención presentada por Hugo Chávez en 2012 y efectiva desde 2013.
En 2017, Nicolás Maduro intentó consolidar esa ruptura, mediante la denuncia de la Carta de la OEA, convencido de que podía blindar a su régimen de la justicia internacional. La Corte le respondió ahora con contundencia y unanimidad: Venezuela nunca dejó de estar obligada y las puertas de la justicia interamericana siguen abiertas.
El caso Polichacao
El proceso tiene un rostro humano. En agosto de 2016, 12 funcionarios de la Policía de Chacao fueron detenidos por el SEBIN, que los mantuvo presos incluso después de recibir órdenes judiciales de excarcelación. La arbitrariedad fue tal que ni siquiera un mandato de los jueces logró imponerse sobre los designios del aparato de inteligencia del régimen.
La Corte resolvió que el acto de ratificación de la Convención realizado en 2019 por el presidente encargado Juan Guaidó, siguiendo el mandato de la Asamblea Nacional, fue válido y surtió plenos efectos jurídicos. Y lo más relevante: estableció que ese acto tiene carácter retroactivo, confirmando que Venezuela ha estado sometida a la Convención Americana de manera ininterrumpida desde 1977.
Las implicaciones son claras:
- Chávez y Maduro fracasaron en su intento de sacar al país del Sistema Interamericano.
- La decisión de la Asamblea Nacional de 2019 prevalece como expresión de legitimidad democrática.
- Las víctimas venezolanas tienen garantizado el acceso a la justicia internacional, más allá del control político sobre el poder judicial interno.
Este fallo no solo restablece derechos, sino que reafirma la vigencia democrática, incluso en contextos de ilegitimidad institucional. Al reconocer la ratificación de 2019 del presidente (E) Juan Guaidó —como expresión de la voluntad de la Asamblea Nacional legítima— con efectos retroactivos, la Corte IDH envía un mensaje contundente: en el sistema interamericano, la legitimidad democrática opera como criterio jurídico, no meramente simbólico.
Esto constituye un importante avance jurisprudencial al subrayar que solo un gobierno constitucional y democráticamente investido puede comprometer al Estado en materia de derechos humanos.
Estamos frente a un triunfo del derecho sobre la arbitrariedad, de la justicia sobre la represión y de las víctimas sobre la impunidad. Con esta decisión, la Corte Interamericana no solo mantiene viva la esperanza de quienes han sufrido persecución en Venezuela: también recuerda al mundo que ningún régimen, por autoritario que sea, puede decretar su propia impunidad.
* Los autores son abogados especialistas en Derecho Internacional y Derechos Humanos.-
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