¿Se preservará el estado de Derecho en Colombia?

Debo comenzar por declarar en aras de la transparencia que no me une a Álvaro Uribe ningún vínculo, sea éste profesional o de amistad. Durante su presidencia me pareció su estilo impositivo y seco como el de un rector de internado. Eso sí, también me pareció eficiente.

Pero desde luego jamás se me hubiera ocurrido pensar que es alguien dispuesto a llevarse por delante el estado de Derecho manipulando testigos. No solo esto no hace sentido con la conducta del personaje sino que claramente es una falacia producto de un montaje muy bien pensado y mejor aún ejecutado. Porque si el señor Uribe fuese alguien capaz de manipular un testigo, como afirma la magistrada Sandra Heredia, sabría manipular con eficacia el proceso judicial en su contra. Es más, no se sometería a un proceso que le va a afectar en su imagen y dignidad como estadista. La jueza Hidalgo además afirmó que la justicia no se arrodilla ante el poder. Y una se pregunta: ¿a cuál poder se refiere? Porque el señor Uribe se ha sometido al proceso judicial que se le abriera como cualquier otro ciudadano, demostrando así su talante democrático. Más aún, desoyó las múltiples invitaciones de universidades e instituciones de investigación extranjeras de salirse de Colombia para iniciar una suerte de reposo del guerrero, compartiendo sus experiencias como jefe de Estado con las nuevas generaciones de futuros líderes latinoamericanos que concurren o concurrían a las aulas de las universidades de Estados Unidos.

Aún más, el señor Uribe tampoco se amilanó ante el evidente sesgo de un grupo de jueces que desoyeron las recomendaciones de la Fiscalía de archivar el caso por ausencia de evidencia que sustancie los cargos. Y ese era el momento de tomar las de Villadiego y residenciarse fuera de Colombia porque al desoír a la Fiscalía evidentemente ese grupo de jueces tenía algún proyecto adicional al sustento del estado de Derecho.

La decisión evidentemente tiene piernas jurídicas cortas. Porque es la Fiscalía de la República de Colombia el ente encargado de sustanciar cargos y si la Fiscalía no encontró después de un decenio de investigaciones evidencia que sustanciara los cargos, claramente es porque no existe tal evidencia y, por tanto, el señor Uribe no puede ser juzgado por algo que no cometió.

Esto nos lleva a preguntarnos por qué se produce este hecho en estos momentos y de esta manera.

La respuesta es relativamente sencilla. Estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia y el actual ocupante del Palacio de Nariño desearía dejar instalado como sucesor a alguien que comparta su visión del mundo, si es que tiene alguna. Y luego de una azarosa —por no decir desastrosa— gestión en la que Colombia ha visto desaparecer su rating como destino de inversión; colapsar a las entidades proveedoras de servicios de salud e incrementarse el sembradío de cocaína hasta alcanzar las 300.000 hectáreas, las probabilidades de que alguien de su campo ideológico-político ocupe la silla de Nariño no lucen espléndidas. Y ocurre como en los colegios cuando un niño descomedido comete una falla que es rechazada por sus compañeros, este recurre a acusar al grupo entero de haber incurrido en transgresiones. Pues en el caso de Colombia se está intentando poner piedras en el camino de la agrupación política creada por Álvaro Uribe para que su partido entre en desbandada y no pueda ganar otra elección. Se trata de despejar el camino para que el debilitamiento del líder del Centro Democrático lleve a la fragmentación del universo opositor y así se pueda cantar victoria para los seguidores del presidente Petro.

La estrategia quizás pueda funcionar para el presidente Petro y sus seguidores, pero va a destruir el activo más importante que ha cultivado Colombia a lo largo de su vida republicana: la adhesión de la población al estado de Derecho. Y esto le ha valido a Colombia alcanzar grados de recomendación para invertir inusuales en el resto de la América Latina; ingresar en la OCDE y desarrollar instituciones democráticas de mayor tesitura republicana que muchos de sus vecinos, incluida Venezuela, que fue vitrina democrática por 40 años. Ojalá que en este y en todos los casos se imponga al final el criterio de observancia de la ley que es la esencia de toda democracia.