
Los gobiernos de Brasil, México y Colombia han decidido enviar un representante para convalidar la juramentación fraudulenta de la dictadura el próximo 10 de enero. Esta es una decisión vergonzosa por parte de estos países, que han optado por darle la espalda al pueblo venezolano, avalar una dictadura, traicionar a sus propios ciudadanos y esconderse detrás de ambigüedades.
Brasil, México y Colombia albergan a 3,5 millones de venezolanos. Es decir, el 45% de los migrantes y refugiados venezolanos en el mundo vive en estos tres países. Esta población se ha visto forzada a abandonar su país en busca de mejores oportunidades y para escapar del hambre y la represión de una dictadura. Estos mandatarios conocen bien el drama humano que enfrenta cada venezolano, porque lo ven y padecen de primera mano.
Además, los tres países sufren directamente las consecuencias del crimen organizado promovido por el régimen de Maduro: Brasil se ha convertido en un destino para el tráfico de oro venezolano; México, en el principal receptor de narcoavionetas provenientes de Venezuela; y Colombia enfrenta los efectos de compartir una frontera porosa y fértil para actividades delictivas.
Estos gobiernos también saben, como lo sabe el resto del mundo, que Maduro robó las elecciones. No solo han tenido acceso a las actas presentadas por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, sino que también han sido testigos de las declaraciones de observadores internacionales como el Centro Carter y la ONU sobre lo ocurrido en los comicios presidenciales en Venezuela. A esto se suma el desprecio de Maduro hacia estos tres países, que pidieron la publicación de las actas, pero que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha divulgado, porque mostrarían una verdad que todos conocen: el fraude.
No hay excusa para esconderse detrás de posiciones ideológicas ni justificar esta decisión como “política de Estado”. Reconocer a Maduro, quien no obtuvo su mandato en las urnas, representa una degradación de la democracia y los derechos humanos. Es una clara demostración de complicidad con la dictadura y una falta de compromiso con la voluntad popular expresada en el voto. Sostener relaciones bilaterales para tratar temas como el comercio o la migración es una cosa; avalar un fraude electoral sin precedentes en América Latina es otra muy distinta.
La posición de estos países contrasta drásticamente con la de Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Chile y Estados Unidos. Estas naciones no han dudado en condenar el fraude de Maduro contra la soberanía popular y en reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Además, se preparan para recibir al mandatario en una gira internacional que marcará su regreso a Venezuela.
El papel del mundo en este momento es claro: acompañar la lucha del pueblo venezolano y ejercer la máxima presión sobre la dictadura de Maduro para lograr un desenlace democrático en 2025. A Maduro solo le queda la fuerza bruta para mantenerse en el poder. Su único apoyo proviene de Rusia, Cuba, China e Irán. No cuenta con respaldo popular ni internacional, y enfrenta una creciente rebelión interna. Por eso, es crucial persistir en la defensa de los resultados del 28 de julio y presionar a la cúpula de la dictadura para que permita un proceso de transición pacífica y ordenada que restituya los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Lamentablemente, los gobiernos de Colombia, México y Brasil han decidido alinearse con el lado equivocado de la historia. Pronto se arrepentirán de haberle dado la espalda a los venezolanos en el momento en que más los necesitaban. Sin embargo, no tengo dudas de que estamos en el momento más decisivo para que Venezuela recupere la libertad y ponga fin a la oscura noche de la dictadura.
¡Todos con Edmundo y María Corina!
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