
El drama de centenares de migrantes varados en la frontera peruano-chilena, que no pueden trasladarse a uno u otro país porque los expulsan, proyecta la apatía burocrática y la descoordinación entre las Cancillerías de Lima y Santiago y sus correspondientes autoridades migratorias, que dejaron transcurrir quince días sin atender este grave problema.
Las imágenes de niños y ancianos con deshidratación severa, mujeres gestantes durmiendo a la intemperie, sin alimentos, agua ni medicinas también registra a sujetos exaltados, violentos, que atacan a efectivos policiales y lanzan amenazas de muerte si no los dejan pasar.
Esta crisis era previsible. Fue advertida numerosas veces y debió atenderse con prontitud, pero no se hizo, más aún cuando se conocía que mil venezolanos abandonan diariamente su país, según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), lo que significa que continuará el éxodo masivo.
Ese problema, sin embargo, es minúsculo comparado con lo que sucede en la frontera peruano-ecuatoriana. Se calcula, en efecto, que 92,3% de venezolanos ingresó al país por Tumbes, muchos organizados por bandas criminales denominadas “coyotes”, que los trasladan evadiendo los escasos puntos de control migratorio y aprovechando la carencia de policías.

La crisis, empero, es multilateral y, por tanto, deberían constituirse mesas de diálogo entre representantes de las naciones receptoras de migrantes, asesorados por ACNUR, la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones, para que en adelante no actúen descoordinada y anárquicamente.
En ese contexto no podemos perder de vista que el origen de esta calamidad recae en los Gobiernos de Chávez y Maduro, en el poder desde el 2 de febrero de 1999, gracias a cambios constitucionales que permitieron que se reelijan con fraudes electorales incluidos.
Venezuela, el país más rico de la región, con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, fue destruido por una dictadura que empujó al éxodo a 7.100 millones de personas, de acuerdo con la ONU. De esa cantidad, 6 millones viajaron a Latinoamérica, 1 millón 500 mil de ellos al Perú, 2 millones 700 mil a Colombia, 500 mil a Chile y 450 mil a Ecuador.
No tenían otra opción si recordamos que el desastre ha sido de tal magnitud que la mortalidad infantil se elevó 100 veces; las personas perdieron 10 kilos de peso y redujeron un centímetro de tamaño; reapareció la difteria, extinguida hacía 25 años, y aumentaron los casos de malaria. La hecatombe sanitaria llegó al extremo de no contar con equipos médicos, ni siquiera con cunas para recién nacidos, a quienes depositaban en cajas de cartón. El déficit de medicinas alcanzó 76% y 43 mil galenos y enfermeras abandonaron su patria, de los cuales 3 mil se encuentran en el Perú.
Los salarios se derrumbaron. El sueldo mínimo vital era de USD 2,30, mientras en el Perú alcanzaba USD 240; es decir, 100 veces más. La pobreza se elevó a 94,5% y la pobreza extrema, a 76,6%, según la Encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello del 21/9/2021.

Lo único que creció en Venezuela chavista fue la inflación, que alcanzó la astronómica cifra de 3.748% el 2020-2021 y el desempleo, 58,3%, la más alta del mundo. Los asesinatos, 12 mil por año, al mismo tiempo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU consignó 5.287 ejecuciones extrajudiciales, centenares de arrestos y torturas, comprobadas por los fiscales de la Corte Penal Internacional.
Ese fue el desastre, la barbarie del socialismo del siglo XXI, que empujó al autoexilio a millares de angustiadas familias, empobrecidas, humilladas y carentes de seguridad, hoy convertidas en grupos errantes en búsqueda de comprensión y acogida, antes de retornar al mundo infernal del que salieron.
Sin embargo, ese régimen dictatorial cuenta con el respaldo de otros sistemas similares, como Cuba y Nicaragua, además de gobernantes demagogos e irresponsables, como los presidentes de México y Colombia, Manuel Lopez Obrador y Gustavo Petro y de las potencias extra continentales de Irán, Rusia y China.
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