La economía familiar también afectada

En el marco de la presentación de avances de las medidas para reactivar la economía peruana consideradas en el plan “Con Punche Perú”, el ministro de economía, Alex Contreras, se refirió a las consecuencias en materia económica producto de la “conflictividad social”. Señaló, entre otras cosas, que “esta crisis está afectando más a las Mypes…”, sí, a las micro y pequeñas empresas.

En el Perú, las Mypes representan el 96% del tejido empresarial, alrededor de 5.5 millones de empresas, que emplean a un 43% de la población económicamente activa, alrededor de 7.7 millones de trabajadores, y registran ventas anuales por un 12% del PBI, casi S/ 108,000 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 2021 del INEI.

Estas unidades de negocios, durante 2020, la época más álgida de la pandemia, donde se estableció la inmovilización social, así como una serie de restricciones para actividades “no fundamentales”, se vieron fuertemente perjudicadas. Cayeron un 49%, hasta ser apenas 3.1 millones de empresas, se perdieron trabajos, hasta utilizar a solo 4.5 millones de trabajadores y las ventas anuales retrocedieron un 59%, hasta casi S/ 60,500 millones. Es decir, el golpe a las Mypes producto de las restricciones de actividades fue durísimo.

Hoy, aprovechando legítimos reclamos de una población poco o nada atendida por el Estado, que carece de múltiples servicios públicos de calidad, grupos radicales vienen alterando el orden público en nuestro país, con una serie de actos delincuenciales. Así, se estarían paralizando una serie de actividades en el interior del país, poniendo en riesgo no solo a los más vulnerables, sino también a quienes muchas veces viven del día a día, las Mypes.

Por ejemplo, en Puno, donde operan alrededor de 224,360 Mypes, se viene poniendo en riesgo ingresos anuales de hasta S/ 3,441 millones y los puestos de trabajo de 342,000 puneños. Cabe mencionar que, el 58.5% de los que dirigen las Mypes en Puno, son jefes de hogar; es decir, se estaría afectando los ingresos de no menos de 131,000 familias.

En Cusco, donde operan alrededor de 207,500 Mypes, se vienen poniendo en riesgo ingresos anuales de hasta S/ 3,953 millones y los puestos de trabajo de 321,000 cusqueños. En el caso de la capital turística de nuestro país, el 52.3% de los que dirigen las Mypes son jefes de hogar; es decir, se estaría perjudicando a no menos de 108,500 familias.

En Arequipa, donde operan alrededor de 224,200 Mypes, se vienen poniendo en riesgo ingresos anuales de hasta S/ 5,645 millones y los puestos de trabajo de 312,000 arequipeños. En la ciudad blanca, el 55.3% de quienes dirigen las Mypes son jefes de hogar; es decir, se estaría afectando los ingresos de no menos de 124,000 familias.

Y, en Ica, donde operan alrededor de 166,500 Mypes, se vienen poniendo en riesgo ingresos anuales de hasta S/ 3,672 millones y los puestos de trabajo de 237,000 iqueños. En el caso de Ica, el 58.2% de quienes dirigen las Mypes son jefes de hogar; es decir, se estaría perjudicando a no menos de 96,900 familias.

Si la situación en el interior del país se sigue agravando, particularmente en los departamentos del sur antes mencionados, el daño no solo a las empresas, sino también a la economía familiar sería una realidad. Realidad que micro y pequeños empresarios de todo el país ya sufrieron, más aún teniendo en cuenta que el 86% de las Mypes a nivel nacional están sumergidas en la informalidad, dónde los ingresos familiares dependen del día a día.