El desmantelamiento del Estado

La planilla del Estado no es un botín y no debería serlo, porque el Estado debería anteponer los intereses de los ciudadanos de recibir servicios públicos de calidad –y que son derechos constitucionales, por cierto– a los intereses partidarios y de funcionarios públicos, pero no lo ha hecho y parece que no lo hará.

El Presidente anunció su “ánimo de enmienda” en el Congreso en marzo, pero este 29 de mayo se conmemora el Día del Servidor Público y hay poco que celebrar, nos enfrentamos al desmantelamiento del Estado. Listo algunos ejemplos:

1. Las denuncias graves de corrupción y éticas en su gestión, y que continúan acumulándose: Sarratea, Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100, ascensos militares y plagio de tesis.

2. Irresponsabilidad al designar 4 gabinetes, 50 ministros y otros funcionarios clave, la gran mayoría no idóneos técnicamente y cuestionados moralmente, lo que ha llevado a un deterioro en la provisión de servicios públicos: brevetes y pasaportes que no se emiten, la fuerte caída de la inversión pública nacional, por nombrar algunos. Así tenemos: ministros de educación sin la convicción del retorno a clases, en perjuicio de millones de niños y jóvenes; ministros de salud cuestionados, que han causado un retroceso importante en el ritmo de vacunación; ministros de transportes que favorecen a servicios informales de transporte público; ministros de trabajo que privilegian una agenda laboral que solo atiende a intereses de sindicatos, en ausencia del diálogo tripartito, promoviendo mayor informalidad y olvidando a millones de trabajadores informales o en empleos no adecuados; un ministro de agricultura sin experiencia laboral relevante ni conocimiento del sector en medio de una crisis profunda de fertilizantes que afecta a millones de agricultores y consumidores; y el carrusel de designaciones, cuando en los puestos de ministros censurados por el Congreso o que iban a serlo, se eligió a funcionarios de la misma gestión del ministro saliente.

3. El despido masivo y maltrato de funcionarios capaces, muchos se enteraron por El Peruano de sus ceses o salieron en respuesta a las designaciones no idóneas. Ocurrió en la Autoridad para la reconstrucción con cambios, Legado, ITP, ONP, MINEM, MINAM y el MINSA, entre otros.

4. Debilitar la poca meritocracia que existe en el Estado mediante los reiterados intentos por desarticular al SERVIR y al renunciar a defender las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes referidas al régimen CAS y la negociación colectiva, interpuestas con el fin de salvaguardar los principios de meritocracia y equilibrio fiscal.

5. Despilfarrar los recursos fiscales en el mal manejo de Petroperú y dando beneficios tributarios que benefician a pocos. Esto último en la forma dolosa en que se está enfrentando la crisis inflacionaria y la hambruna, promoviendo medidas no focalizadas en pobres y vulnerables, que siguen esperando.

6. Propiciar un clima de alta incertidumbre económica y política, que no incentiva la inversión privada, principal fuente de empleo de las familias. Así tenemos: la ineficiente gestión de los conflictos sociales, la convocatoria a asamblea constituyente y la inmovilización con vicios de inconstitucionalidad del 5 de mayo.

Y todo esto ocurre a vista y con la colaboración de un sector del Congreso, con el cual parece haber llegado a un equilibrio de intereses donde ganan ambos y se perjudica a la ciudadanía. Un Congreso que fiscaliza tarde y mal, aceptando, por ejemplo, el carrusel de nombramientos de ministros. Un Congreso que permite y promueve que los intereses de pocos superen a los de los ciudadanos al impulsar iniciativas que malgastan los recursos fiscales y privilegian la educación de mala calidad.

Frente a esto, la ciudadanía y la sociedad civil no deben dejar de indignarse, deben seguir demandando un Estado que pueda proveer servicios de calidad. Desde IPAE proponemos también algunas medidas para fortalecer nuestro servicio civil y salvaguardar el interés público en la Ruta Perú: Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad, documento breve elaborado con el Consejo Privado de Competitividad.

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