Perú: Cooperación Judicial con una dictadura

El sometimiento de la cancillería peruana a la dictadura chavista alcanza niveles infames, sórdidos.  No bastó, en efecto, que el ex ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, retire al Perú́ del Grupo de Lima y reconozca al dictador Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, sino que su reemplazante, el abogado Cesar Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, extendió esa política de sumisión celebrando un convenio de “cooperación judicial” con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, personaje siniestro, impedido de ingresar a territorio europeo y norteamericano por haber perpetrado graves violaciones a los derechos humanos y también por estar acusado de de formar parte del crimen organizado trasnacional: por su captura, el Gobierno de Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Moreno, investigado por los fiscales de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, es uno de los responsables del encarcelamiento de decenas de opositores y de proteger a militares, policías y miembros de los llamados colectivos bolivarianos, implicados en asesinatos, torturas y golpizas de ciudadanos de su país, como acreditan reportes de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea.

Los peruanos, y más extensivamente los latinoamericanos, debemos conocer la trayectoria del personaje con quien el régimen de Pedro Castillo ha firmado ese convenio de cooperación.

Moreno inició su carrera como agente de inteligencia, hasta que en 1997 es condenado por un asesinato en ciudad Bolívar y pasó dos años en la cárcel. En 1989 lo implican en otro homicidio en Caracas, pero obtuvo un beneficio procesal. Salió en libertad, pero no le permitieron incorporarse al cuerpo policial.

Sus vinculaciones políticas con el chavismo, sin embargo, le abrieron las puertas del Poder Judicial y el 2002 fue designado magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas. Dos años más tarde un juez grabó una conversación suya donde tomaba el nombre del vicepresidente de la República para solicitar la libertad de un criminal acusado de narcotráfico y de venta ilegal de armas, pero lo mantuvieron en su puesto.

Nicolás Maduro, para protegerlo, lo recicla en el aparato burocrático del estado, nombrándolo agente diplomático en Roma y luego en Trinidad Tobago, hasta que el 2004 retorna a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo y el 2007 asume la presidencia de ese organismo. Sin duda, una Increíble historia de impunidad gratificada cometida por una judicatura servil a la dictadura.

Esta política, empero, es central para los gobiernos que forman parte del bloque del Socialismo del siglo XXI, regímenes que utilizan al Ministerio Público y el Poder Judicial para mantenerse en el poder. Así ocurre en Cuba desde hace 61 años. Recientemente jueces comunistas sentenciaron con penas de hasta veinte años de prisión a pacíficos manifestantes que se movilizaron el año pasado en demanda de libertades y mejores condiciones de vida. Lo mismo ocurre en Nicaragua. Daniel Ortega es responsable de las masacres del 2018, año en que las fuerzas de seguridad sofocaron las protestas democráticas, matando a 355 personas y dejando heridos otras 2 mil. Más aún, en la actualidad existen centenares de detenidos políticos, entre ellos todos los candidatos presidenciales de oposición. Y, naturalmente, sobre Venezuela existen una ruma de expedientes dando cuenta del servilismo de los magistrados con un sistema totalitario y corrupto.

Sectores vinculados al chavismo, sin embargo, pretenden justificar el acuerdo de cooperación judicial firmado por el Perú diciendo que era necesario hacerlo para repatriar a los venezolanos que purgan condena en nuestro país. Falso. El Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales fue aprobado hace 26 años, el 12 de enero de 1996, por el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Jorge Voto Bernales Gatica y el canciller de Venezuela, Miguel Ángel Burelli Rivas.

Según cifras del Instituto Penitenciario (INPE) hay 2,831 extranjeros en nuestros centros penales; 1,606 pertenecen al país llanero, 556 a Colombia, 152 a México y 106 al Ecuador. En el caso venezolano 910 están vinculados a robo o hurto, 81 a homicidios, 459 a drogas, 38 a feminicidios o tentativa y 15 a secuestros, entre los datos más relevantes.

Ahora esperamos que no exista ningún pretexto para que los venezolanos sentenciados no sean embarcados a su país y, al mismo tiempo, esperamos que el Capitán de Navío Luis Humberto de la Sotta, nacido en nuestro país, hijo de madre y padre peruano, sin proceso ni sentencia desde hace cuatro años, torturado y enfermo, pueda retornar al Perú, como han demandado sus familiares y numerosas organizaciones humanitarias.

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