El gobierno de Irak condenó el ataque de Estados Unidos y Arabia Saudita contra posiciones de milicias proiraníes en varias provincias del país, rechazó cualquier acto de agresión sobre su territorio y exigió el respeto a su soberanía nacional, en medio de una escalada de violencia que dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos.
El Consejo de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del primer ministro Ali al Zaidi, convocó una reunión de emergencia tras los bombardeos y afirmó que los ataques estadounidenses y saudíes constituyeron una violación de la ley internacional. También destacó que solo el Estado iraquí puede gestionar la respuesta ante hechos de esta naturaleza, sin injerencias externas ni autorización para que actores foráneos intervengan en asuntos internos.
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El ataque aéreo, ejecutado durante la noche por fuerzas estadounidenses y saudíes, apuntó contra instalaciones logísticas y de armamento utilizadas por las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias chiíes que responde al régimen iraní y que en los últimos días lanzó más de 30 drones contra infraestructuras energéticas saudíes.
La reacción militar de Washington y Riad ocurrió mientras Bagdad mantenía contactos diplomáticos con ambas capitales, a raíz de las denuncias de Arabia Saudita por los ataques atribuidos a grupos armados respaldados por Teherán.
Las operaciones aéreas alcanzaron instalaciones en Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Karbala y Diyala, según informaron las propias milicias, que reportaron bajas entre sus integrantes, además de víctimas civiles y daños materiales.
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Bajo este contexto, en un comunicado difundido tras la reunión de emergencia, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores a realizar gestiones ante organismos internacionales y a documentar el incidente conforme al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, con el objetivo de salvaguardar los derechos de Irak y exigir responsabilidades por el ataque.
Las autoridades remarcaron que buscan mantener al país al margen de los conflictos regionales y reiteraron que, si bien las Fuerzas de Movilización Popular forman parte del aparato de seguridad, la gestión de cualquier respuesta militar corresponde a Bagdad.
En paralelo, el Gobierno avanzó en la elaboración de un plan de seguridad para impedir futuras violaciones territoriales y acelerar el proceso de desarme de las milicias, con el objetivo de consolidar el monopolio estatal del uso de la fuerza antes de la retirada total de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, prevista para finales de septiembre.
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El ataque de Estados Unidos y Arabia Saudita se produjo en respuesta a las acciones de las milicias proiraníes, que en jornadas previas lanzaron repetidos ataques con drones contra el golfo Pérsico, lo que intensificó la tensión entre Teherán y las monarquías del Golfo.
Las Fuerzas de Movilización Popular, pese a estar integradas formalmente en el sistema de defensa iraquí, mantienen autonomía operativa y estructura propia, lo que complicó los intentos del Gobierno de centralizar el control militar y limitar la influencia de actores vinculados al régimen iraní dentro del territorio nacional.
(Con información de Europa Press, EFE y DPA)
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