Médicos Sin Fronteras despidió a 18 empleados tras detectar 59 denuncias de abuso y explotación sexual en Chad

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) identificó 59 denuncias de abuso y explotación sexual en sus operaciones del este de Chad, una zona que recibe a cientos de miles de refugiados que escaparon de la guerra civil en Sudán.

La investigación interna detectó casos que involucraron a empleados locales, trabajadores internacionales y contratistas. El proceso concluyó con el despido y la inhabilitación de 18 integrantes del personal. El informe también registró denuncias vinculadas con menores de edad y situaciones en las que algunas personas ofrecieron alimentos o empleos a cambio de relaciones sexuales.

Según un memorando interno confidencial obtenido por The Associated Press (AP), la investigación concluyó en julio tras varios meses de trabajo. El documento señaló que algunos casos mostraban patrones reiterados de explotación sexual y mencionó indicios de posible tráfico sexual organizado. MSF informó a AP que en ciertos episodios no logró verificar las denuncias ni identificar a los responsables.

La organización abrió la investigación después de que AP publicara reportes sobre acusaciones de explotación sexual en asentamientos para desplazados en Chad. El informe interno atribuyó a la agencia de noticias un “papel fundamental como denunciante externo”. MSF indicó que desconocía la mayoría de los casos antes de esas publicaciones.

Hallazgos de la investigación interna

El informe sostuvo que los abusos resultaron más extendidos de lo que se había informado previamente. MSF figura entre los principales empleadores y organizaciones humanitarias que operan en los campamentos de refugiados del este de Chad, donde miles de personas dependen de la asistencia para acceder a servicios básicos.

La investigación encontró denuncias de explotación sexual contra refugiadas sudanesas y ciudadanos chadianos. También registró acusaciones que involucraron a empleados, contratistas externos y trabajadores temporales vinculados a la organización.

Entre los casos investigados aparecieron denuncias de relaciones sexuales a cambio de comida, agua, leche o empleo. El informe además documentó situaciones de prostitución de refugiadas y casos que involucraron a menores de edad.

El memorando describió un sector de un campamento donde empleados buscaban niñas refugiadas. Según el documento, líderes comunitarios establecieron un toque de queda para impedir que menores visitaran al personal de la organización durante la noche.

Uno de los episodios citados señaló que siete niñas refugiadas fueron contratadas presuntamente para tareas laborales. Sin embargo, las trasladaron en un vehículo de la organización hacia otro lugar, donde enfrentaron abusos sexuales y solicitudes de relaciones sexuales.

La investigación también registró denuncias de empleadas chadianas que afirmaron haber recibido amenazas relacionadas con la continuidad de sus puestos de trabajo. Según el informe, algunas mujeres aseguraron que supervisores o compañeros condicionaron su permanencia laboral a mantener relaciones sexuales.

Temor a denunciar y fallas en los mecanismos de control

El documento indicó que muchas víctimas evitaron denunciar los hechos por temor a perder acceso a la atención humanitaria o a otras formas de asistencia. Varias mujeres afirmaron que desconocían sus derechos o los canales disponibles para presentar reclamos.

Personal de MSF y líderes comunitarios expresaron preocupaciones similares durante entrevistas realizadas por los investigadores. El informe señaló que algunos líderes reconocieron que familiares habían sufrido abusos, pero optaron por no informar los casos por miedo a perder ayuda o empleo.

La investigación también detectó deficiencias en los sistemas de denuncia. Según el memorando, algunas personas que presentaron reclamos no recibieron asistencia posterior y varias denuncias no tuvieron seguimiento.

MSF concluyó además que ciertos mecanismos de retroalimentación resultaron ineficaces. El informe citó el caso de buzones destinados a recibir quejas, que no lograron cumplir su objetivo de detectar situaciones de abuso.

La organización sostuvo que la magnitud de la emergencia y los desplazamientos constantes dificultaron la identificación de algunas personas involucradas. Esa situación impidió avanzar en determinadas investigaciones.

Respuesta de Médicos Sin Fronteras y medidas adoptadas

La MSF calificó el informe como “un análisis interno franco” que permitió identificar fallas en sus sistemas de protección. La organización afirmó que las 59 denuncias representaron “una grave vulneración de los valores y responsabilidades de MSF”.

Laura Leyser, secretaria general de MSF Internacional, afirmó en un comunicado institucional que la conducta detectada constituyó una “grave violación” de los principios de la organización. También reconoció el daño sufrido por las personas afectadas y señaló que la entidad tiene la responsabilidad de prevenir estos hechos y actuar cuando ocurren.

MSF informó que ofreció apoyo a las sobrevivientes identificadas. Ese acompañamiento incluyó derivaciones para atención médica, psicológica o asistencia legal, según las necesidades de cada caso.

Tras la investigación, la organización reforzó los procesos de contratación, los controles de referencias laborales y los mecanismos de denuncia. También incorporó recursos específicos para tareas de protección y fortaleció los equipos de recursos humanos en la región.

El informe señaló que la contratación urgente de personal y la ausencia de verificaciones adecuadas facilitaron el ingreso de personas con antecedentes de conducta indebida. Como consecuencia de la investigación, 18 trabajadores locales, internacionales y contratistas fueron despedidos o quedaron a punto de ser excluidos de la organización.

MSF reconoció además que enfrentó denuncias similares en otras crisis humanitarias. El memorando mencionó investigaciones vinculadas con el brote de ébola en República Democrática del Congo en 2021 y antecedentes de explotación y abuso denunciados en países de África occidental en 2002.

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