Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

Una reciente operación policial en el Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias ha revelado el aumento del hostigamiento estatal contra la autonomía académica en Rusia. La académica Svetlana Mesyats estuvo cuatro días detenida y luego bajo arresto domiciliario tras un error administrativo relacionado con una subvención pública destinada a la traducción de las obras de Aristóteles.

Los investigadores sostienen que quienes trabajaban en el proyecto se apropiaron del dinero de la subvención sin entregar los textos finalizados, que incluyen traducciones de antiguos tratados inéditos. Mesyats, quien posee un doctorado en filosofía, negó las acusaciones. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión.

Pese a los argumentos de la justicia de Putin, este representa otro caso de persecución contra la academia rusa. En particular aquella que no se alinea a los dictámenes del Kremlin, que considera problemáticos a los académicos porque la independencia y la búsqueda de conocimiento científico, basados en el rigor y la imparcialidad, son contrarias a la lógica de un régimen autoritario. Donde la política exige control y sumisión, la autonomía intelectual plantea el ejercicio de la crítica y la investigación libre, algo que los sistemas autocráticos suelen considerar amenazante.

En un artículo publicado en The Moscow Times, titulado “El Kremlin teme a los académicos porque son antitéticos a la autocracia”, Alexandra Borissova Saleh, sostiene que desde 2021 la presión sobre la comunidad científica en Rusia ha ido incrementado. La resistencia al intento de imponer un director cercano al poder en el Instituto de Filosofía marcó el comienzo de una etapa de vigilancia y represalias. De hecho, el medio independiente de noticias científicas T-Invariant sostiene que ese es el verdadero trasfondo de la detención de Mesyats.

En 2021, el filósofo conservador Aleksandr Duguin y el multimillonario ortodoxo Konstantin Malofeyev impulsaron la controvertida designación de un director interino que perdió el cargo dos semanas después. Desde entonces, el canal de televisión Tsargrad, de Malofeyev, inició una intensa campaña de desprestigio contra el Instituto calificándolo de “centro para la destrucción de Rusia”.

Por su parte, el pasado 3 de marzo las autoridades catalogaron a la Asociación Académica de Ciencia de Habla Rusa (RASA, por sus siglas en inglés) como “organización indeseable”, lo que implica penas de hasta cuatro años de prisión para quienes colaboran con ella y de seis años para sus organizadores. Directivos como Sergei Erofeyev, Alexander Kabanov e Igof Efimov han sido señalados como “agentes extranjeros” debido a sus posiciones críticas sobre la invasión a Ucrania y sus vínculos internacionales. Además, los investigadores dentro de Rusia enfrentan procesos legales por traición solo por colaborar con colegas del extranjero o publicar internacionalmente.

Las leyes recientes han institucionalizado la vigilancia sobre entidades científicas, estableciendo sanciones y detenciones para quienes pertenezcan a organizaciones declaradas subversivas o reciban financiamiento externo. Esta situación conlleva la criminalización de la autónoma labor académica e imposibilita la cooperación internacional. Lo científico es objeto de control judicial; actividades cotidianas —como publicar investigaciones o dialogar con colegas foráneos— representan un riesgo legal y amenazan la transmisión global del conocimiento.

Europa impulsa movimientos como “Choose Europe for Science” y programas de movilidad, aunque el número de plazas y los recursos resultan limitados. Paralelamente, economías emergentes como China y Estados del Golfo invierten en infraestructuras científicas y ofrecen a investigadores condiciones laborales consideradas más abiertas, menos atadas a restricciones éticas o políticas, de acuerdo a lo informado por Saleh, quien fue directora de comunicaciones de la RASA.

En su fundamento, la ciencia defiende valores como la honestidad intelectual, la búsqueda de la verdad mediante el método y la difusión abierta del saber. Al respecto, recordó que Max Weber señaló hace más de un siglo que la investigación científica requiere independencia frente a la política, que actúa bajo otros intereses y criterios. Cuando los intereses del poder determinan qué investigaciones son aceptables, la lealtad sustituye al rigor científico y la ciencia se ve privada de su esencia.

En los años treinta, la Alemania nazi y la Italia fascista desmantelaron comunidades científicas por motivos ideológicos, lo que provocó el éxodo de científicos destacados, entre ellos Bruno Pontecorvo, quien buscó refugio profesional en distintos países frente a la persecución política. Este fenómeno de “fuga de cerebros” ilustró cómo la priorización de la ideología sobre la colaboración internacional y el método científico afecta de manera duradera la innovación.

Hoy, mientras aumentan las autocracias y se debilitan las democracias tradicionales, el destino de la ciencia depende de las condiciones que cada país ofrezca a sus investigadores. El progreso científico solo será posible allí donde los científicos puedan ejercer su labor guiados por los valores de su disciplina, sin injerencias políticas ni restricciones ajenas al espíritu crítico que define a la investigación.