La fundación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi alertó que su vida corre “peligro inminente”

La Fundación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció este miércoles que la Fiscalía de Teherán, controlada por autoridades del régimen de Irán se niega a conceder a la activista encarcelada una suspensión de su condena por un mes para recibir atención médica cardíaca especializada, que necesita de forma “crítica”.

La organización advirtió que la vida de Mohammadi “corre peligro inminente” tras perder casi 20 kg. de peso y presentar una presión arterial “peligrosamente alta”.

“A pesar de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense de Zanjan, que indica que Mohammadi necesita al menos un mes de baja médica, la Fiscalía de Teherán sigue bloqueando su liberación” tras varias semanas de gestiones de su equipo legal, señaló la Fundación en un comunicado.

La entidad creada en honor a la premio Nobel de la Paz iraní lamentó que “las autoridades se niegan persistentemente a concederla”. La fundación indicó que, tras una reunión reciente con Mohammadi, su abogado describió su situación física como crítica.

“Durante los últimos tres días, su presión arterial ha fluctuado peligrosamente entre 150/100 y 170/110, sin responder a la medicación”, detalló el comunicado, que agregó una “pérdida de peso alarmante de más de 19 kg” y “un dolor torácico persistente y recurrente”.

El hermano de la activista, Hamidreza Mohammadi, afirmó que vive con el temor constante de recibir la noticia de su muerte. “Esto ya no es solo encarcelamiento; es una muerte lenta. Cada vez que Narges llama a nuestros familiares desde la prisión de Zanjan, está más débil, más delgada y más cerca del límite. Literalmente, están viendo cómo su vida se desvanece sin hacer nada”, expresó.

“Al negarle la atención especializada que necesita y al impedirle el acceso a sus propios médicos, básicamente la están matando”, añadió, y cuestionó la atención médica proporcionada por la prisión.

Según la Fundación, el fiscal adjunto de Teherán comunicó a la familia que, debido a los avances médicos en la República Islámica, no es necesario trasladar a Mohammadi a un hospital en la capital iraní y que debería recibir tratamiento en Zanjan.

No obstante, este martes, ante el deterioro de su salud, la activista habría sido enviada por segunda vez a una consulta urgente con un cardiólogo, quien reiteró que su tratamiento no es posible en Zanjan y que debe ser atendida obligatoriamente por su médico en el Hospital Pars de Teherán.

El médico advirtió que “mantener a Narges Mohammadi en prisión bajo presión, estrés y en las difíciles condiciones de reclusión es extremadamente peligroso”. La entidad allegada a la activista subrayó que, hasta que especialistas y su equipo médico evalúen su estado, no se le puede prescribir ningún medicamento nuevo ni tomar otras medidas médicas.

La Fundación emitió un nuevo llamamiento a la comunidad internacional, Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, feministas, abogados, periodistas y defensores de derechos fundamentales para que exijan el traslado inmediato de Narges Mohammadi a un hospital especializado, donde pueda recibir atención cardíaca urgente de su propio equipo médico, conocedor de su historial clínico.

La organización también reclamó su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos de conciencia detenidos en Irán por ejercer su derecho a la dignidad, la libertad de expresión y la opinión. Mohammadi, que pasó la mayor parte de los últimos 20 años en prisión, sufrió varios infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

En diciembre de 2024 obtuvo la libertad provisional por motivos médicos, después de una prolongada hospitalización y tras meses en los que las autoridades negaron el acceso a tratamiento pese al deterioro de su salud, según denunció su familia. En diciembre de 2025 fue arrestada nuevamente durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en circunstancias no esclarecidas. El 8 de febrero de 2026 la activista fue condenada a siete años y medio adicionales de prisión.

(Con información de Europa Press)