Un tribunal militar de Azerbaiyán condenó a 20 años de prisión a Rubén Vardanyan, último gobernador armenio de Artsaj

El ex líder armenio de Artsaj (Nagorno-Karabaj), Rubén Vardanyan, fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar de Azerbaiyán, en el contexto de los juicios emprendidos tras lograr el control militar de la región en 2023. La sentencia, dictada bajo cargos de crímenes contra la paz, la humanidad, terrorismo y financiación del terrorismo, se produce luego del desplazamiento forzoso de más de 100.000 armenios étnicos y la disolución de la administración del enclave, que controló la zona durante casi tres décadas.

Vardanyan, quien dirigió la autoproclamada administración armenia de Karabaj entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, se declaró preso político y rechazó los cargos imputados. Antes de involucrarse en la política local, el ex banquero ruso forjó una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares como cofundador del banco de inversión moscovita Troika Dialog. Tras renunciar a su nacionalidad rusa, asumió el liderazgo en la región en medio de una creciente tensión con las autoridades de Bakú.

El proceso judicial contra Vardanyan comenzó en enero de 2025, de manera separada al juicio seguido contra otros 15 ex funcionarios, condenados este mes a penas que alcanzan la cadena perpetua. Según el tribunal, la acusación se sustenta en la supuesta responsabilidad del ex líder en delitos de guerra y acciones terroristas durante el conflicto.

La familia de Vardanyan calificó el fallo de “devastador, aunque no inesperado” y denunció la falta de garantías fundamentales desde la detención, ocurrida hace 874 días. En un comunicado, sostuvieron que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo audiencias a puertas cerradas, acceso restringido a la defensa internacional y ausencia de medios de comunicación independientes, lo que consideran incompatible con los estándares internacionales de un juicio justo.

El abogado internacional de Vardanyan, Jared Genser, calificó la condena y sentencia a 20 años de prisión dictada por el Tribunal Militar de Bakú como una “farsa”, al sostener que los cargos presentados son falsos y que el proceso judicial violó tanto el derecho internacional como la legislación azerbaiyana. Mediante un comunicado, Genser denunció que a Vardanyan, reconocido como empresario y filántropo, se le juzgó exclusivamente por defender el derecho a la autodeterminación del pueblo armenio-cristiano de Nagorno-Karabaj, una comunidad que, según sus palabras, fue víctima de una campaña de limpieza étnica bajo la administración del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev.

El letrado aseguró que el juicio fue ilegal al celebrarse ante un tribunal militar y en secreto, con reiteradas vulneraciones al debido proceso, como la denegación de acceso a la defensa y la desestimación sistemática de mociones legales. Además, cuestionó la validez de las pruebas presentadas, al afirmar que se basaron en testimonios de oídas y en información difundida por medios estatales. Genser instó al presidente estadounidense Donald Trump a cumplir su compromiso público con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan para asegurar la liberación inmediata e incondicional de Vardanyan y de otros prisioneros armenios, permitiendo su retorno seguro a Armenia.

Las autoridades de Armenia han reiterado la exigencia de liberación para todos los detenidos, comprometiéndose a agotar todas las vías legales internacionales para salvaguardar sus derechos. Para la familia, el caso de Vardanyan -reconocido filántropo con múltiples proyectos educativos y sociales en Armenia- trasciende el ámbito individual y representa, a su juicio, un proceso dirigido contra el conjunto del pueblo armenio. Por ello, solicitan una mayor implicación de la comunidad internacional y de los líderes mundiales para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los detenidos.

Amnistía Internacional expresó preocupación por las condiciones de detención de Vardanyan, denunciando su confinamiento en régimen de aislamiento y la presión para firmar documentos en un idioma que no comprende. La organización remarcó que la falta de transparencia y las restricciones observadas generan dudas sobre las garantías de un juicio justo.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, firmaron un acuerdo de paz el año pasado, con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. El pacto puso fin formalmente a décadas de confrontación por la región de Karabaj, consolidando la soberanía de Azerbaiyán sobre el enclave y comprometiendo a ambas partes a abstenerse de recurrir a la fuerza para resolver disputas futuras.

El acuerdo incluyó disposiciones para el retorno seguro de desplazados, el respeto a la integridad territorial y el establecimiento de mecanismos internacionales de supervisión. La participación de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, fue clave para desbloquear el estancamiento diplomático y facilitar el diálogo directo entre Bakú y Ereván. La firma del tratado fue recibida con cautela por la población armenia desplazada y la sociedad civil, que exigieron garantías de protección de derechos y acceso humanitario.

A nivel regional, el acuerdo modificó el equilibrio de poder en el Cáucaso sur, reduciendo la presencia militar de terceros países y abriendo la puerta a proyectos de integración económica y cooperación transfronteriza. Organizaciones internacionales y gobiernos europeos valoraron la mediación estadounidense como un paso relevante para la estabilidad, aunque alertaron sobre la necesidad de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.