El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

El Gobierno británico anunció este lunes un paquete de sanciones contra diez individuos iraníes, incluido el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como respuesta a lo que Londres califica de graves violaciones de derechos humanos durante la represión de manifestaciones antigubernamentales que sacudieron Irán desde finales de diciembre. Las medidas incluyen congelación de activos, prohibiciones de viaje e inhabilitación para dirigir empresas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

“Nos comprometimos a imponer sanciones y advertimos a la dictadura iraní de nuevas medidas. Exigiremos cuentas a las autoridades iraníes y esto es lo que estamos haciendo con el paquete de hoy”, declaró la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado. Cooper añadió que el pueblo iraní “ha demostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión en las últimas semanas simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.

La lista de sancionados está encabezada por Momeni, quien como ministro del Interior supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), señaladas por Londres como principales responsables de la violencia contra manifestantes. También incluye a Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y dos jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht, Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.

Las sanciones británicas apuntaron además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), incluido el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia Revolucionaria, también fue sancionado. Londres lo acusa de generar fondos y posibilitar actividades criminales del cuerpo, incluidas la represión de manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversar miles de millones de dólares de la petrolera estatal iraní, pena que fue conmutada en 2024.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el deterioro económico y la caída del rial, la moneda iraní. Rápidamente se extendieron por todo el país y se transformaron en un desafío directo al régimen teocrático. La respuesta de las autoridades fue violenta. Según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6.842 personas han sido confirmadas muertas, la mayoría manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad. HRANA investiga 11.280 casos adicionales. Otras estimaciones independientes sitúan el número de víctimas mortales por encima de los 30.000.

El régimen iraní publicó el domingo una cifra oficial de 3.117 muertos, de los cuales 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, calificando al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán insisten en que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes mayormente pacíficos.

El Reino Unido sigue así los pasos de Estados Unidos y la Unión Europea, que también emitieron paquetes de sanciones contra funcionarios iraníes en los últimos días. El pasado viernes, la administración Trump sancionó a Momeni, acusándolo de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes. La Unión Europea, por su parte, anunció el jueves la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una medida simbólica de gran alcance que Reino Unido no ha adoptado hasta el momento.

Con las sanciones de este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 medidas restrictivas a personas y organizaciones iraníes que facilitan violaciones de derechos humanos. Las restricciones impuestas este lunes apuntan a responsabilizar a quienes Londres considera directamente implicados en una de las represiones más letales en la historia reciente de Irán. La ministra Cooper subrayó que las imágenes y reportes de violencia vistos en todo el mundo son “horríficos” y justifican plenamente la respuesta internacional coordinada.