Los ministros de Exteriores del G7 han advertido sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Irán si el régimen continúa con la represión de las protestas que se desarrollan desde finales de diciembre de 2025. Según organizaciones de Derechos Humanos, las manifestaciones han dejado hasta ahora más de 3.400 muertos y “miles” de heridos, aunque otras fuentes sitúan el número de fallecidos entre 2.000 y 12.000.
El bloque diplomático, integrado por los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, así como la alta representante de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha publicado este miércoles un comunicado conjunto en el que señala que está “dispuesto a imponer más medidas restrictivas si Irán continúa su represión de las protestas y la disidencia, en violación del Derecho Internacional y sus obligaciones internacionales”, según la nota difundida por la cartera diplomática francesa.
En el mismo texto, los ministros han solicitado a las autoridades iraníes “la máxima moderación, la abstención del uso de la violencia y la salvaguarda de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos iraníes”, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica “sin temor a represalias”. Los firmantes expresaron su “profunda preocupación” por el número de muertos y heridos reportados, condenando “el uso deliberado de la violencia, los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación empleadas por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes”.
El comunicado firmado por los jefes de la diplomacia del G7 y la UE rechaza “firmemente la escalada de la brutal represión” que sufren los ciudadanos iraníes, quienes han expresado sus aspiraciones a una vida mejor, dignidad y libertad. Los ministros consideran legítimas las protestas motivadas por las condiciones de vida en el país.
Por su parte, Amnistía Internacional ha apelado a la “acción diplomática global para señalar el fin de la impunidad” frente a lo que califica como una “masacre de manifestantes”. La secretaria general de la organización, Agnes Callamard, afirmó que “pruebas fidedignas revelan ejecuciones masivas ilegítimas cometidas a una escala sin precedentes en medio de un bloqueo continuo de Internet impuesto para ocultar sus crímenes”. Callamard señaló que, pese al historial grave de violaciones de Derechos Humanos en Irán, “la gravedad y magnitud de los asesinatos y la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes”.
La organización denunció que las autoridades iraníes “han librado su represión más mortífera hasta la fecha”, recurriendo a “asesinatos masivos de manifestantes que exigen un cambio fundamental y la transición del sistema de la República Islámica a un nuevo sistema de gobierno que respete los Derechos Humanos y la dignidad de las personas”. Amnistía Internacional pidió a los Estados miembros de la ONU “tomar medidas inmediatas y coordinadas para impedir un mayor derramamiento de sangre”, entre ellas la convocatoria de sesiones especiales en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la consideración de mecanismos de justicia internacional que permitan impulsar investigaciones y enjuiciamientos penales inmediatos de los responsables de graves violaciones.
La organización subrayó que la impunidad sistémica y continua por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en protestas actuales y pasadas “ha envalentonado a las autoridades iraníes a persistir en su conducta criminal”.
(Con información de EFE y Europa Press)
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