El equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de insurrección tras declarar la ley marcial en diciembre de 2024, lo que desencadenó una de las mayores crisis políticas recientes del país.
La petición, presentada ante el tribunal de distrito de Seúl, le atribuye la responsabilidad de intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional. La Fiscalía sostiene que este acto representó una grave amenaza para la democracia y justifica la máxima sanción prevista por la legislación surcoreana.
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De acuerdo con la agencia AFP, los fiscales aseguran que Yoon lideró una insurrección motivada por una sed de poder destinada a instaurar una dictadura, y remarcaron que el exmandatario no mostró remordimiento por acciones que pusieron en riesgo el orden constitucional y la democracia.
La acusación fue formalizada tras una investigación encabezada por el fiscal especial Park Eok Su, quien recalcó la gravedad del delito y afirmó que la movilización de tropas y recursos estatales respondió a intereses personales del entonces presidente.
Además, enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción a la justicia, ya que impuso la ley marcial sin que existiera una situación de guerra, emergencia nacional ni crisis de gran envergadura, como exige la ley.
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La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol sorprendió al país con un anuncio televisado donde impuso la ley marcial y desplegó tropas en las inmediaciones del Parlamento. Según AFP, ese mismo día, un grupo de diputados logró acceder al hemiciclo, rodeado por soldados, y votó la suspensión del decreto presidencial.
El hecho provocó protestas masivas y una intensa confrontación política, que concluyó con la destitución oficial del mandatario en abril de 2025 por decisión del Tribunal Constitucional.
Tras su destitución, Yoon fue detenido y actualmente enfrenta ocho juicios por diferentes cargos criminales vinculados a la ley marcial y a otros escándalos durante su administración.
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La Fiscalía argumentó que la declaración de la ley marcial tuvo como objetivo garantizar la permanencia de Yoon en el poder mediante la toma de control del poder judicial y legislativo, y que estas acciones se planificaron durante más de un año para eliminar rivales políticos y monopolizar el poder.
Además, se sostiene que Yoon intentó propiciar el arresto de figuras clave como el entonces presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el líder opositor y actual mandatario Lee Jae Myung, quien fue elegido para estar al frente del poder en una elección anticipada en junio de 2025.
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El Código Penal de Corea del Sur contempla tres posibles penas para los delitos de insurrección: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua exenta de trabajos forzados. No obstante, la pena capital sigue vigente, aunque no se ha ejecutado ninguna sentencia de este tipo desde 1997.
El tribunal se encuentra a la espera de emitir un veredicto, programado para febrero.
(Con información de AP, Europa Press, AFP)
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