Los fiscales de Corea del Sur solicitaron este viernes una pena de 10 años de prisión para el ex presidente Yoon Suk Yeol por delitos vinculados con su fallida declaración de la ley marcial en diciembre del año pasado, un episodio que derivó en protestas masivas, enfrentamientos institucionales y su posterior destitución.
La solicitud de condena incluye cargos por obstrucción a la justicia, luego de que Yoon presuntamente excluyera a miembros de su gabinete de una reunión clave sobre la imposición de la ley marcial y, en enero, impidiera su detención por parte de investigadores. Un tribunal de Seúl prevé dictar sentencia el próximo mes, según informó la agencia Yonhap.
Yoon ordenó la suspensión temporal del régimen civil el 3 de diciembre de 2024, la primera medida de ese tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur. La decisión provocó manifestaciones multitudinarias y un choque directo con el Parlamento, donde tropas armadas intentaron bloquear la votación legislativa que buscaba anular el decreto presidencial.
El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon de su cargo en abril, tras considerar que su accionar vulneró el orden democrático. Desde entonces, el ex mandatario enfrenta múltiples procesos judiciales por acciones relacionadas con la ley marcial y por otros delitos conexos.
Durante las audiencias, Yoon sostuvo que la declaración de la ley marcial respondió a la necesidad de combatir lo que describió como “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”. La fiscalía rechazó ese argumento y afirmó que las pruebas reunidas muestran un uso indebido del poder presidencial con fines políticos.
A este proceso se sumó una acusación formal presentada por una fiscalía especial, que imputó a Yoon por colaborar con el enemigo. Según los fiscales, el ex presidente ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte con el objetivo de justificar la imposición del control militar durante su mandato.
La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra Yoon.
“Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”, declaró la funcionaria.
De acuerdo con la investigación, las operaciones militares formaron parte de un plan deliberado para provocar a Pyongyang y generar un escenario de crisis que habilitara la ley marcial. La fiscalía indicó que una de las principales pruebas es un memorando redactado en octubre del año pasado por el entonces jefe de contrainteligencia militar.
El documento instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja” y señalaba que las fuerzas armadas debían “apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”. Según la acusación, estas directrices evidencian la intención de escalar la tensión con Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang afirmó el año pasado que había “probado” que Corea del Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una denuncia que las fuerzas surcoreanas nunca confirmaron de forma oficial. La península coreana permanece técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, al no existir un tratado de paz que pusiera fin al conflicto iniciado en 1950.
(Con información de AFP)
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