La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania ordenó la suspensión de la viceprimera ministra y ministra de Infraestructura y Energía, Belinda Balluku, tras acusaciones por manipulación de contratos públicos en licitaciones de obras viales.
El proceso apunta a supuestas irregularidades en la adjudicación de un túnel y una carretera.
Según Europa Press, la SPAK sostiene que el desarrollo de esas licitaciones permitía anticipar a los ganadores y otorgar ventajas injustificadas a determinados operadores económicos, lo que reflejaría la influencia sostenida de Balluku en los procedimientos contractuales públicos.
El centro de la investigación recae en la Autoridad de Carreteras de Albania, dependencia bajo el Ministerio de Infraestructura y Energía. Además de ella, están implicados el director general, Evis Berberi; el director de planificación estratégica y operaciones, Erald Elezi; el director de construcción y mantenimiento, Gentian Gjyli; y las especialistas Jetmira Dervishi y Mirzeta Kashnica.
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En el caso de Elezi y Gjyli se dictó arresto domiciliario, mientras que Balluku tiene prohibido ejercer funciones y salir del país.
Balkan Insight detalló que, el 31 de octubre, los fiscales notificaron a Balluku sobre una investigación por presuntas anomalías en la licitación de 2020, proceso en el que aparecen otros altos cargos del Ministerio.
En el plano político, Gazment Bardhi, líder del grupo parlamentario opositor del Partido Demócrata, exigió la destitución de Balluku y calificó la suspensión como “el inicio de una nueva etapa”, considerando “un paso positivo” la medida judicial.
Las tensiones crecieron cuando, durante una sesión parlamentaria, la primera ministra defendió su postura: “Necesito decir unas palabras, no para compensar el lodo, las insinuaciones, las medias verdades y las mentiras que se han dicho en abundancia estos días, sino por la obligación que tengo con cualquiera que crea en el trabajo y no en el lodo”, afirmó.
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El Gobierno manifestó su respaldo a Balluku a través del primer ministro Edi Rama, quien rechazó las demandas de la oposición. Además, acusó a los diputados opositores de comportarse como “fiscales del pueblo” en el Parlamento.
El comunicado de la SPAK añadió que la comisión evaluadora de las ofertas participaba, junto a Balluku, en la predicción de los ganadores y la distribución de beneficios entre adjudicatarios seleccionados.
Estas decisiones se realizaban bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, que dirige ella dirige desde 2019.
La investigación continúa bajo secreto, sin comentarios oficiales adicionales del Tribunal ni de la autoridad judicial, reiteró Balkan Insight. Mientras tanto, la vida política albanesa permanece marcada por el caso, debido al papel predominante de la primera ministra, tanto en el gabinete como en el Partido Socialista, organización que sostiene el control parlamentario desde hace varios períodos electorales.
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(Con información de Europa Press)
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