La guerra encubierta de Rusia en Europa: el caso Mikhailov desata alerta máxima y cooperación entre agencias de seguridad

Un enfrentamiento encubierto se desarrolla entre los servicios de inteligencia rusos y agencias de seguridad occidentales por la custodia de Yaroslav Mikhailov, un ciudadano ruso de 37 años sospechoso de haber coordinado ataques con paquetes incendiarios en Europa en 2024. La disputa involucra a Azerbaiyán, Polonia, Gran Bretaña, Ucrania y Lituania y refleja la creciente importancia de agentes interpuestos en la campaña de “guerra híbrida” impulsada por el Kremlin, según funcionarios y documentos analizados por The Washington Post.

El caso salió a la luz tras una serie de ataques en julio de 2024, cuando envíos aéreos manipulados con temporizadores y compuestos de magnesio cruzaron fronteras europeas sin ser detectados y provocaron incendios en depósitos de Alemania, Polonia y Reino Unido. Fuentes de seguridad de cinco países occidentales indicaron a The Washington Post que Mikhailov diseñó los artefactos, coordinó las operaciones desde Europa y logró escapar utilizando un pasaporte falso hacia Azerbaiyán. Al menos 20 personas enfrentan cargos en Lituania y Polonia relacionados con la trama.

Según altos funcionarios citados por The Washington Post, los jefes de las tres principales agencias rusas —el FSB, SVR y GRU— han ejercido presión directa sobre el gobierno de Bakú para obtener la extradición de Mikhailov a Rusia, en competencia con una solicitud formal presentada por Polonia a través de Interpol, que acusa al operador de “actividades terroristas” por orden de los servicios secretos rusos. Tanto Polonia como otros países europeos han solicitado a Azerbaiyán que rechace la repatriación a Rusia.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, declinó responder sobre el caso. Un portavoz de la cancillería de Azerbaiyán tampoco ofreció comentarios a The Washington Post.

Investigaciones de autoridades europeas describen a Mikhailov como parte de una nueva generación de operativos reclutados por el GRU desde organizaciones criminales, apreciados por su flexibilidad y contactos. Ocupó un papel clave como enlace entre agentes rusos y reclutas locales, gestionando sus movimientos y el envío de instrucciones a través de Telegram. Algunos de los participantes, jóvenes con antecedentes penales, fueron remunerados con criptomonedas modestas.

El rastro digital de Mikhailov permitió identificar a un presunto contacto ruso en la trama, bajo el alias “Warrior”, vinculado a Aleksey Kolosovskiy, supuesto integrante del consorcio de hackers Killnet, una organización próxima al GRU dedicada a ataques cibernéticos, según funcionarios consultados por The Washington Post. Kolosovskiy negó toda implicación y dijo desconocer a Mikhailov.

Documentos analizados por The Washington Post y autoridades europeas muestran que Rusia habría planeado ampliar estas acciones utilizando la misma red para posibles nuevos atentados. Los investigadores encontraron materiales altamente explosivos camuflados como objetos cotidianos e identificaron conexiones desde exmilitares hasta ciudadanos lituanos encargados de distribuir los paquetes. El uso de intermediarios le permitió al Kremlin mantener la negación plausible de los hechos y limitar el riesgo para sus agentes formales.

El episodio generó inquietud en Estados Unidos y varios países europeos, quienes, según funcionarios citados por The Washington Post, lo catalogaron como uno de los intentos más peligrosos de sabotaje y terrorismo atribuidos a Rusia en suelo europeo. Si los artefactos hubieran detonado en pleno vuelo, advirtieron, el daño podría haber sido catastrófico. También se investigan señales de que se pretendía extender la operación a Estados Unidos y Canadá, lo que llevó al entonces director de la CIA, William J. Burns, a confrontar a sus homólogos en Moscú.

A pesar del peso de la evidencia y de la relevancia estratégica del detenido, Estados Unidos no ha tomado un rol activo en la solicitud de extradición de Mikhailov, mientras que Azerbaiyán mantiene al sospechoso bajo vigilancia, sin permitirle abandonar el país, de acuerdo con funcionarios europeos citados por The Washington Post. El desenlace sigue siendo incierto debido a los intereses contrapuestos y a los intentos rusos de evitar que un operativo de alto nivel revele información ante tribunales occidentales.

El trasfondo de Mikhailov revela antecedentes de cargos criminales por contrabando en Rusia y la utilización de múltiples identidades falsas para moverse dentro de Europa. Funcionarios occidentales y documentos obtenidos por The Washington Post sugieren que su caso ejemplifica la estrategia rusa de reconstruir capacidades de inteligencia mediante la subcontratación de tareas a redes criminales y la protección de agentes considerados leales al Estado.

El incidente con Mikhailov también coincide con una nueva serie de ataques en Europa, entre ellos intentos frustrados de enviar explosivos a Ucrania a través de rutas terrestres y la presencia de drones en espacios aéreos restringidos de países como Dinamarca, Noruega y Bélgica, según fuentes de seguridad occidentales mencionadas por The Washington Post. Rusia niega categóricamente cualquier involucramiento, aunque continúa advirtiendo a gobiernos occidentales de consecuencias por su apoyo a Ucrania.

La red que permitió las operaciones bajo mando de Mikhailov incluyó desde transportistas especializados hasta ciudadanos encargados de entregar paquetes en oficinas de mensajería en Vilna. Según las investigaciones, tras los incendios ocurridos entre el 19 y el 22 de julio de 2024, una intensa persecución llevó a la captura de indicios clave y a la huida del principal sospechoso, quien finalmente fue interceptado en Azerbaiyán por uso de documentos falsos. El motivo por el que no regresó directamente a Rusia desde Estambul sigue sin aclararse, aunque funcionarios occidentales sugieren que pudo temer represalias incluso dentro de su propio país por las consecuencias del atentado.

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