Alphonse, un trabajador inmigrante marfileño que ha residido en Marsella en situación irregular, ha conseguido regularizar su situación tras denunciar las condiciones insalubres de su piso, amparándose en una disposición poco conocida de la ley de inmigración francesa de 2024, informa el periódico Le Figaro. Su caso, ocurrido en el corazón de la ciudad, cerca del Vieux-Port, ilustra la dureza de la vida para quienes carecen de papeles y las limitadas vías legales para salir de la clandestinidad.
Durante casi tres años, Alphonse ha habitado una de las muchas viviendas degradadas que proliferan en Marsella. Los cables eléctricos colgaban por las paredes húmedas, las cucarachas y ratas compartían espacio con los inquilinos y el agua corriente apenas era un hilo que debía repartirse entre todos. El baño, en un estado lamentable, resultaba casi inutilizable y, para poder ducharse, Alphonse tenía que desplazarse durante 45 minutos en transporte público hasta la casa de un amigo. A pesar de todo, según ha reconocido, “siempre era mejor que la calle”.
Al llegar a Francia en enero de 2022, sin conocer a nadie y sin papeles, aceptó la única oferta de alojamiento que encontró: un techo a cambio de varios cientos de euros de entrada y un alquiler mensual de 300 euros, siempre en efectivo y sin contrato. La precariedad y el peligro eran el precio a pagar por no dormir al raso.
El casero, a prisión
La situación cambió radicalmente a partir de noviembre de 2024, cuando, tras un desalojo forzoso decretado por el Ayuntamiento por riesgo inminente, Alphonse, con el apoyo de asociaciones, decidió denunciar a su casero ante la policía. El propietario, investigado por someter a personas vulnerables a condiciones de vivienda indignas, ingresó en prisión provisional. Desde entonces, Alphonse ha podido mudarse a un estudio digno y, por primera vez, “camina con la cabeza alta”.
La regularización de Alphonse ha sido posible gracias a una vía legal introducida en la ley de inmigración francesa de enero de 2024. En concreto, el artículo 55 permite que un inmigrante en situación irregular que denuncie a su casero por someterle a condiciones de alojamiento incompatibles con la dignidad humana pueda obtener una tarjeta de residencia temporal de un año, bajo la mención de “vida privada y familiar”.
Sin embargo, esta disposición apenas se ha aplicado. El miedo a acudir a la policía y exponerse a una posible detención, unido a la dependencia respecto al casero -a menudo la única persona que les ha ofrecido un tech-, disuade a la mayoría de los inmigrantes de dar el paso. Así lo ha explicado Cyrille Guiraudou, miembro de una asociación de apoyo a los derechos de vivienda, quien ha señalado que muchos viven un “conflicto de lealtad” y prefieren no denunciar.
Un sistema de terror
El fenómeno de los marchands de sommeil -caseros que explotan a personas vulnerables- está marcado por la intimidación y la impunidad. Según una fuente conocedora de estos casos a Le Figaro, cuando los inquilinos se atreven a quejarse, los propietarios envían a matones para amedrentarles. “Solo pueden someterse, sabiendo que fuera hay decenas de personas esperando su sitio”, ha afirmado esta fuente, que ha descrito un ambiente de terror propio de un “sistema mafioso”.
Las asociaciones denuncian que, pese a la existencia de la ley, los resultados son mínimos. Margot Bonis, jurista del Réseau hospitalité en Marsella, ha lamentado la dificultad para conseguir los documentos de regularización, mientras que el Ministerio del Interior francés ha asegurado que ha puesto en marcha formaciones en todas las prefecturas para facilitar la aplicación de la norma.
Hoy, Alphonse disfruta de un piso digno y de la tranquilidad que otorga la regularización, aunque su caso sigue siendo una excepción. La ley, pensada para reducir el poder de los caseros sin escrúpulos, apenas ha tenido impacto real, y quienes logran beneficiarse de ella lo hacen tras un proceso largo y lleno de obstáculos.
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