La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este miércoles una fuerte exhortación a las autoridades de Guatemala para que actúen en estricto apego a la Constitución y resguarden los valores democráticos, en respuesta a las denuncias del presidente Bernardo Arévalo de León sobre un supuesto intento de golpe de Estado mediante acciones judiciales.

En una resolución aprobada por consenso, el organismo hemisférico reiteró su “apoyo a la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales” en Guatemala, e insistió en que todos los órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— deben ceñirse “con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, al Estado de derecho y a los principios democráticos”.

El documento también subraya la importancia de “garantizar la independencia de los poderes del Estado, el respeto al debido proceso y los estándares interamericanos de derechos humanos”.

Como parte de la respuesta institucional, los países miembro celebraron la creación de una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala, anunciada por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, y solicitaron que se mantenga informado al Consejo Permanente sobre el desarrollo de la situación política en el país.

La advertencia internacional llega luego de que el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, denunciara el pasado 30 de octubre ante el Consejo Permanente un presunto caso de lawfare contra el Gobierno de Arévalo de León, señalando directamente a la fiscal general, Consuelo Porras.

La Fiscalía, que ya había intervenido en el proceso electoral de 2023 para impedir la llegada al poder del actual mandatario, ha presentado múltiples solicitudes para retirar la inmunidad presidencial con el fin de vincularlo con supuestos delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes tras la fuga de reclusos en una cárcel de máxima seguridad.

El Ejecutivo sostiene que estas actuaciones, impulsadas por Porras y por el juez penal Fredy Orellana —quienes figuran en listas de sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción—, representan un ataque frontal a la institucionalidad y buscan desestabilizar la democracia guatemalteca.

“Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos, están desesperados, el tiempo se les agota porque los corruptos van de salida”, declaró, aludiendo a la fiscal general Consuelo Porras, cuyo mandato finaliza el próximo 16 de mayo.

“Existe una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones de este Gobierno”, afirmó el mandatario la semana pasada durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura, al remarcar que los promotores de estas maniobras “no quieren que la corrupción se acabe”.

El futuro inmediato de la institucionalidad guatemalteca tendrá un momento clave el próximo año, cuando Arévalo deba designar al nuevo titular del Ministerio Público. Esa decisión se perfila como determinante para definir el rumbo de la lucha anticorrupción y la consolidación democrática en el país.

(Con información de EFE)