Putin endureció la represión contra “agentes extranjeros” al reducir el requisito para procesos penales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este miércoles una ley que reduce de dos a una el número de sanciones administrativas requeridas para iniciar procesos penales contra agentes extranjeros por infringir sus obligaciones legales como tal, abriendo así la puerta a un aumento de condenas contra los individuos designados bajo esa etiqueta.

La nueva norma amplía así la responsabilidad penal de estas personas en cuanto a sus obligaciones para con el registro de agentes extranjeros, recogidas en el artículo 330.1 del Código Penal ruso, y se aplica también a quienes hubiesen recibido ya una condena administrativa antes de la aprobación del texto, según informó la agencia rusa Tass.

De este modo, si un agente extranjero ya sancionado por la vía administrativa infringiese el apartado 1 de tal artículo, esto es, si desarrollara su actividad sin estar inscrito en dicho registro, podría recibir una multa de hasta 300.000 rublos u otra equivalente a su salario por un período de hasta dos años; podría ser condenado a trabajos forzados por hasta 480 horas o a trabajos correctivos por hasta dos años, e incluso a penas de prisión por, también, un período máximo de dos años.

Si, en cambio, cometiese una infracción recogida en los apartados 2 a 9 del mismo artículo —como proporcionar información de forma tardía o incompleta, no informar acerca de su situación o sobre sus actividades a tiempo—, podría estar sujeto a las mismas consecuencias penales que en el primer apartado en el caso de que se atestiguara reincidencia.

La ley, previamente aprobada por la Duma, pretende responder así a la situación descrita por el portavoz de la cámara, Viacheslav Volodin, quien lamentó en septiembre que “más del 40 por ciento de agentes extranjeros no cumplen con los procedimientos operativos”, apuntando además a un supuesto aumento de las infracciones administrativas entre 2023 y 2024 también del 40 por ciento.

La designación de estos ‘agentes extranjeros’ en Rusia es criticada por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y la comunidad internacional, que consideran que estigmatiza a individuos y entidades críticas con el Gobierno.

Con la reforma, lo que antes era una falta administrativa se convierte en un posible delito. La medida amplía el margen de persecución penal y refuerza el carácter represivo de la figura del “agente extranjero”, intensificando la presión sobre activistas, periodistas y organizaciones críticas que operan en la frontera entre la ley y la disidencia. Este giro no solo modifica la letra de la norma, sino que consolida su función simbólica: catalogar a alguien como agente extranjero ya no es solo un estigma, sino el punto de partida de una condena.

En paralelo, el cambio puede aumentar la carga sobre el sistema judicial ruso, que ya lidia con múltiples casos de “agentes extranjeros” pendientes de procesamiento. Según The Moscow Times, la Duma había aprobado previamente una versión del proyecto que establecía que una sola infracción administrativa bastaría para iniciar un cargo penal.

Este endurecimiento refuerza una tendencia clara: el cierre del espacio político en Rusia. En los próximos meses se espera un incremento de procesos contra quienes desafían al poder, tanto dentro como fuera del país. Algunos podrían intentar evitar el contacto con el sistema ruso o solicitar asilo político; otros correrán el riesgo de enfrentar una cadena de acusaciones por delitos menores. El Estado ruso pasa de dictar multas punitivas a ejercer una política criminal preventiva: ser etiquetado como agente extranjero implica estar bajo sospecha perpetua, y el margen de error se achica hasta casi desaparecer.