En medio de una profunda crisis política y social, las fuerzas armadas de Madagascar anunciaron la anulación de la Constitución y la instauración de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), con lo que modificaron por completo la estructura institucional del país africano.
El coronel Michael Randrianirina, al frente del movimiento, hizo público el nuevo esquema de poder ante la ausencia física y política del presidente Andry Rajoelina, quien habría abandonado el territorio tras denunciar un intento de golpe de Estado y recibir amenazas directas contra su vida. Según informó France 24, los militares afirmaron que tomarán el poder por dos años.
El anuncio del CDNT cerró varios días de protestas, movilizaciones masivas y acciones militares frente al Palacio Presidencial, según informó la agencia Europa Press.
Este autoproclamado nuevo órgano de poder toma el control político con la propuesta de derogar la Constitución de 2010, suspender instituciones clave como el Tribunal Constitucional y el Senado, y mantener la Asamblea Nacional en funcionamiento durante un periodo de transición de hasta dos años.
La presidencia de Rajoelina, por su parte, condenó oficialmente la constitución del CDNT.
“La presencia de fuerzas militares armadas frente al Palacio Presidencial constituye un claro intento golpe de Estado y un grave atentado contra la legalidad republicana. Madagascar es un Estado de derecho, regido por la Constitución. Estos actos constituyen una flagrante violación de la constitución, de los principios democráticos y del juramento de cada soldado de proteger a la nación y las legítimas instituciones”.
“Nos solidarizamos con toda la población que vive un momento de terror, conscientes de todas las consecuencias que esto tiene para su país”, agregaron en el comunicado.
Por otro lado, de acuerdo con la agencia EFE, Randrianirina explicó los fundamentos del proceso: “Volver a la legalidad republicana y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, objetivos que incluirían un referéndum constitucional y elecciones generales tras la transición. El CDNT se compone de representantes del Ejército, la Gendarmería y la Policía Nacional, con la posibilidad de incorporar civiles próximamente.
La Asamblea Nacional quedó como único núcleo civil activo e invalidó las acciones de Rajoelina por considerarlas carentes de validez legal. El vicepresidente de la cámara baja, Siteny Randrianasoloniaiko, aseguró a EFE que el decreto de disolución era inválido por no estar firmado ni sellado.
Fuentes parlamentarias ratificaron la salida del país de Rajoelina, cuyo paradero oficial resultaba desconocido.
El Tribunal Constitucional validó las vacancias en las presidencias de la República y del Senado, designó provisionalmente a Randrianirina como jefe de Estado y solicitó al CDNT que garantizara la continuidad del Estado, a la vez que estableció la obligatoriedad de organizar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días desde la declaración oficial de vacancia, de acuerdo con Europa Press.
Las protestas, inicialmente motivadas por la escasez de agua y electricidad, se transformaron en una ola de manifestaciones contra el gobierno y sumaron a miles de jóvenes identificados como “Generación Z”.
Estas movilizaciones intensificaron el reclamo de renuncia y atrajeron a sectores del Ejército y fuerzas de seguridad. Diversos colectivos rechazaron un diálogo nacional propuesto por el gobierno y, tras la retirada del apoyo militar de la unidad CAPSAT, se precipitó la intervención del CDNT.
Durante los momentos críticos, unidades de élite rodearon el Palacio Presidencial con vehículos blindados. Randrianirina notificó a la prensa sobre su inmediato ejercicio de la jefatura de Estado. En la plaza 13 de mayo, miles de manifestantes celebraron el discurso militar y exhibieron pancartas que exigían su salida, a quien acusaban de ser “títere de Francia” por su doble nacionalidad y sus vínculos con el país europeo.
La crisis económica estructural agravó el contexto: según Reuters, el PIB per cápita de Madagascar perdió un 45% respecto al nivel de 1960 y el 75 % de la población vive bajo la línea de pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial.
(Con información de Europa Press, Reuters, EFE)
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