Avanza en la Unión Europea el debate sobre utilizar activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania

Miles de millones de euros congelados mantienen la tensión entre los líderes de la Unión Europea. Una propuesta innovadora, aún en negociación, cobra fuerza entre los 27 miembros del bloque: redirigir el dinero incautado al Banco Central de Rusia tras la invasión de Ucrania para financiar la reconstrucción y la defensa ucranianas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lideró la iniciativa en la cumbre informal que reunió a jefes de Estado y de Gobierno en Copenhague.

Ella explicó ante la prensa: “Existe un consenso creciente respecto a que no son solo los contribuyentes europeos quienes deben pagar el apoyo a Ucrania, sino que Rusia también debe rendir cuentas”. Remarcó que, para la Comisión Europea, los daños generados por la invasión hacen a Rusia responsable de los costos a asumir.

El plan plantea movilizar unos 140.000 millones de euros depositados, mayormente, en la entidad financiera Euroclear de Bélgica. Funcionarios europeos describen la medida como un “préstamo de reparaciones” para Ucrania. Von der Leyen señaló que los activos congelados servirán como garantía y solo se exigirá la devolución si Moscú paga formalmente reparaciones de guerra.

Según Euro News, los primeros ministros de Finlandia y Suecia, Petteri Orpo y Ulf Kristersson, respaldaron abiertamente el proyecto. Orpo afirmó: “Creo que debemos avanzar en esta dirección”. Además, Kristersson recordó el respaldo de Suecia a una gestión más activa de esos recursos: “No resulta aceptable mantener congelados los activos sin emplearlos cuando se trata de la defensa ucraniana”.

En el mismo encuentro, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió incrementar de inmediato la ayuda militar y financiera a Kiev, recordando que Ucrania necesita 60.000 millones de euros en dos años solo para cubrir su déficit y otras sumas similares para la adquisición de armamento.

Los documentos técnicos de la Comisión prevén que los textos legales y las garantías legales podrían estar listos antes de fin de año. El plan propone que el propio presupuesto de la UE respalde el préstamo; si no hay consenso, cada país participante deberá ofrecer garantías proporcionales a su economía.

Este aspecto eleva la complejidad del mecanismo. Además, la modalidad del voto divide a los Estados: hoy, cualquier asunto vinculado a sanciones exige unanimidad, y cualquiera de los 27 podría bloquear el plan liberando los fondos congelados.

Para superar esa barrera, la propuesta sugiere emplear el artículo 31.2 de los tratados, instaurando la mayoría cualificada, aunque cualquier país puede oponerse si hay motivos esenciales de política nacional.

Con la presión de la guerra y el liderazgo renovado de Von der Leyen, la propuesta sumó apoyos relevantes, como el del canciller alemán Friedrich Merz, quien publicó una carta respaldando el préstamo, y el aval explícito de Finlandia y Suecia, formalizado en una declaración conjunta a favor de movilizar los fondos en apoyo a la reconstrucción y provisión militar de Ucrania.

Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia en Bélgica, país sede de la mayor parte de los activos congelados. El primer ministro, Bart de Wever, fue contundente y advirtió la semana pasada: “Este proyecto nunca ocurrirá”, argumentando que la seguridad jurídica y la confianza internacional en la eurozona quedarían afectadas.

De Wever añadió: “Si los países ven que el dinero de bancos centrales puede desaparecer cuando los políticos decidan, podrían retirar sus reservas de la eurozona”, según declaraciones recogidas por Europa Press. A esas preocupaciones se sumó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien alertó sobre potenciales demandas judiciales y consecuencias macroeconómicas para el euro y su prestigio internacional.

Francia adoptó una posición moderada. El presidente Emmanuel Macron valoró positivamente la discusión, pero advirtió: “Europa debe seguir siendo un lugar atractivo y fiable y, cuando se congelan activos, hay que respetar el Derecho internacional”, aludiendo al statu quo que Bélgica busca preservar.

Paralelamente a este debate, se anunció la entrega de 4.000 millones de euros en nuevos préstamos de ayuda a Ucrania, la mitad destinados a la compra de drones, dentro de un programa más amplio respaldado por el G7. Según DPA, con esta inyección la Unión Europea ya ha proporcionado cerca de 14.000 millones de euros en lo que va del año, como parte de un paquete total que ascenderá a 45.000 millones hasta 2027.

Mientras tanto, el Kremlin emitió una severa advertencia. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, calificó el plan como “proyectos para la incautación ilegal de propiedad rusa. En ruso lo llamamos robo” y amenazó con represalias para quienes promuevan la medida

El jefe de política exterior de la UE, Kaja Kallas, defendió el fundamento jurídico del plan: “El principio básico del Derecho internacional es que debes cubrir los daños que has causado”. Para quienes temen que el uso excepcional de fondos soberanos siente un precedente que debilite la confianza en la eurozona, Kallas respondió: “Si no inicias una guerra, estás fuera del riesgo”.

Frente a los desafíos técnicos y políticos, la Comisión Europea reiteró que los asuntos jurídicos pendientes se resolverán en los próximos meses y, entretanto, mantiene como prioridad dotar a Ucrania de recursos estables, previsibles y suficientes para garantizar el funcionamiento de su gobierno y el bienestar de la población.

(Con información de Europa Press)